Un informe reabre el caso de Gregorio Ordoñez y acusa a la cúpula de ETA

Consuelo Ordóñez no ha parado hasta lograr convencer a un juez de que tratase de averiguar quién o quiénes dieron la orden de asesinar a su hermano. Un disparo a bocajarro acabó con la vida del que fuera teniente alcalde del Partido Popular en el ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995. Ahora, un prolijo y detallado informe del pasado mes de julio solicitado por el juez Santiago Pedraz a los servicios de Inteligencia de la Guardia Civil, señala directamente a la cúpula etarra de entonces —Ignacio Gracia Arregui (“Iñaki de Rentería”), Mikel Albisu Iriarte (“Mikel Antza”), Julián Achurra Egurola (“Pototo”), José Javier Arizcuren Ruiz (“Kantauri”) y Juan Luis Aguirre Lete (“Insuntza”)— como autores intelectuales del atentado.

Aunque los autores materiales, los tres miembros del entonces comando Donosti —Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu (“Txapote”) y Juan Ramón Carasatorre Aldaz (“Zapata”)— fueron condenados por el asesinato cuando fueron detenidos, la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar Cuartero, y su hijo, Javier Ordóñez Iríbar, presentaron un requerimiento la semana pasada para que el magistrado abra las correspondientes diligencias para procesar a esos otros dirigentes etarras que, según el informe de Inteligencia, ordenaron el atentado. La decisión que tome el juez al respecto puede abrir una nueva vía para encausar a los integrantes de las sucesivas direcciones de la banda terrorista en todos aquellos atentados que no hayan prescrito aún.

“La selección del objetivo contra el que atentar como la orden expresa de materializar esa acción cuando se dieran las circunstancias propicias habrían sido decisiones dadas desde Francia y transmitidas por José Javier Arizkuren Ruiz a los “liberados” del comando Donosti sobre el que ejercía la responsabilidad Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre Aldaz”, concluye el informe de la Guardia Civil, que recopilando sentencias, declaraciones de etarras, boletines internos de la banda y documentos incautados en las detenciones, trata de evidenciar que ya en aquel momento, con la organización terrorista totalmente jerarquizada, no había decisión o movimiento que no estuviese teledirigido por el “comité ejecutivo” de la banda, el motor que activaba o desactivaba el engranaje asesino, mediante notas, cartas, reuniones clandestinas, contraseñas o informaciones transmitidas con correos humanos a sus miembros.

A Gregorio Ordóñez lo mataron hacia las 15.30 de la tarde, mientras comía en el bar La Cepa del casco viejo donostiarra compartiendo mesa con tres de sus compañeros de partido, María San Gil, Enrique Villar e Iciar Urtasun. Una hora antes de que un proyectil de nueve milímetros le atravesase la cabeza, Valentín Lasarte, el pistolero etarra que controlaba sus movimientos, informó a los otros dos miembros del comando Donosti —Javier García Gaztelu (“Txapote”) y Juan Ramón Carasatorre Aldaz (“Zapata”)— de la oportunidad de perpetrar el atentado que les había sido encomendado por la dirección de la banda en las vísperas de la Navidad. Ordóñez “no era un objetivo sencillo”, les había advertido previamente, puesto que no tenía unas costumbres y pautas definidas.

El asesinato del político popular —el primero desde el del socialista Enrique Casas en 1984— supuso un nuevo punto de inflexión en la estrategia de ETA, decidido por sus dirigentes y avalado por sus militantes. Desde aquel momento se trataba de “desestabilizar”, ya no bastaba con matar a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la idea era que los políticos tenían que sentir el miedo en sus carnes para que el proceso de autodeterminación deseado avanzara.

“El día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa quizá piensen que es hora de encontrar soluciones o quizá le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante). Es hora de que ellos también sientan el miedo en sus venas”, recogía el ejemplar número 67 de un boletín interno de la banda fechado en julio de 1993 y cuyo extracto se recoge en el informe de la Guardia Civil ahora en manos del juez Pedraz en el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.gr