La disolución ordenada de ETA

En plena euforia por la detención de los “jefes políticos” etarras, David Pla e Iratxe Sorzabal, el ministro del Interior, Jorge Fernández, calificó la operación de “acta de defunción de ETA”. Al día siguiente, matizó y dijo que lo que quedaba de ETA “cabía en un microbús sin dirección” mientras los medios de comunicación especulaban sobre los sucesores de Pla y Sorzabal. Unos sucesores que si son detenidos, tendrán otros sucesores y así indefinidamente, pese a la extrema debilidad de una banda inactiva desde hace cuatro años, porque su papel es certificar su final.

Conviene recordar que lo que sí está acreditado por la propia ETA es el cese definitivo del terrorismo en su declaración del 20 de octubre de 2011, tras la detención de sus últimos “jefes militares” (Txeroki, Aitzol, Ata) y los cuatro años pasados sin terrorismo lo confirman. Y Sortu sigue avalando ese cese, pese a las detenciones.

Desaparecido, por tanto, el dramatismo e incluso el interés por esta cuestión —en el debate inaugural del curso en el Parlamento vasco, el jueves, apenas tuvo relieve— lo que ahora se plantea es ¿cómo lograr que ETA se desarme y disuelva? El ministro del Interior está empeñado en acabar con lo poco que queda de ETA por la vía de las detenciones policiales para “visibilizar su derrota”.

El Gobierno vasco le replica que la derrota de ETA es obvia. Cesó definitivamente, hace cuatro años, sin lograr ninguno de sus objetivos. Y de lo que se trata ahora es conseguir su desarme y su disolución con un “final ordenado”, esto es, con un “acta de defunción que extienda la propia ETA”, como hizo con el cese definitivo del terrorismo. De lo contrario, existe el riesgo de que queden algunos militantes desperdigados y la sigla descontrolada.

ETA tenía previsto culminar el sellado de zulos (depósitos de armas) para propiciar el desarme, tras las próximas elecciones. Sortu teme que las últimas detenciones compliquen el plan al generarse tensiones con sus sectores más radicales, aunque se ha comprometido a culminar su apuesta por el final de ETA. El Ejecutivo vasco asegura que, aunque surja otro Gobierno tras las elecciones, es a lo que queda de ETA y a Sortu a quienes va a corresponder el principal esfuerzo para llegar a ese “final ordenado” y para ello tienen que sumergirse en un baño de realismo, a lo que puede contribuir el liderazgo de Arnaldo Otegi, que saldrá excarcelado en primavera.

En este “final ordenado”, que incluye la disolución de la banda sin negociación, ETA se tiene que comprometer a ejecutar el desarme unilateral e inequívoco —dispone del aval del Gobierno vasco, del Comité Internacional de Verificación y sería deseable el del Gobierno central— y que incumplió con el bochornoso amago de desarme de febrero de 2014. Paralelamente, debe renunciar a ser agente político; disolverse y delegar en Sortu su interlocución con el futuro Gobierno. Y Sortu debe reclamar a los presos de ETA que asuman la legalidad penitenciaria, imponiéndose a los más duros. Todo ello facilitaría al próximo Gobierno normalizar la situación de los presos etarras en las cárceles, con una política inteligente (acercamientos y beneficios penitenciarios si cumplen los requisitos, etcétera.).