Asuntos Internos evitó denunciar al coronel acusado de cobrar de narcos

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil barajó indicios delictivos en 1990, 2006 y 2008 contra el coronel Francisco García Santaella —acusado de recibir mordidas del narco— pero evitó denunciar al alto mando. Ahora una juez ha imputado al exjefe de Asuntos Internos y coronel Francisco Ortiz Clavero por encubrimiento, tras censurar la “somera” investigación contra Santaella, repleta de cabos sueltos y que nunca se denunció en los juzgados.

Los indicios delictivos recopilados por Asuntos Internos contra el coronel Santaella dormían en un cajón desde 2008, hasta que la pasada primavera se filtró la instrucción judicial que desde Granada le imputa cohecho y asociación ilícita por recibir supuestamente 480.000 euros desde el narco para permitir la entrada de alijos de hachís.

Entonces la juez María Ángeles Jiménez examinó por qué Asuntos Internos archivó el asunto pese a las sólidas sospechas. Y tras leer el informe de esta investigación “bastante somera” sobre Santaella, la magistrada apreció dejación de funciones y por eso ha imputado por encubrimiento al coronel Ortiz Clavero, ya destituido.

Ante este caso, la AUGC ha convocado el 14 de noviembre una manifestación en Madrid para denunciar "el cansancio y la frustración de comprobar una y otra vez cómo las denuncias internas de casos de corrupción dentro del Cuerpo son ignoradas por los altos mandos".

Los espectadores de El Niño leerían con avidez el informe de Asuntos Internos que desvela malas prácticas policiales frente al narcotráfico, siempre al borde de la ley. Y a menudo estas caen en el lado oscuro de la corrupción: desde hacer la vista gorda de manera descarada para permitir que los alijos de hachís entren en España sin trabas, hasta desplazar todas las patrullas a una punta de la provincia, y horas después aparecer las lanchas semirrígidas a 100 kilómetros tras un desembarco de fardos.

En su informe confidencial de 38 páginas, Asuntos Internos relata una sucesión de indicios sobre Santaella, pero también sobre el grupo Antidrogas de Granada que, considera la juez, debían haber sido denunciados dada su extrema gravedad.

La primera vez que Asuntos Internos investigó a Santaella se remonta a 1990 y 1992, siendo este capitán en la sección de Tráfico de la Comandancia de Málaga, desde la que denunciaron sus supuestas relaciones con narcotraficantes, servicios facilitados por confidentes, así como un incremento patrimonial injustificado por compra de casas, coches e inversiones en el ladrillo. En aquel tiempo su cuñado, Policía Local de Campillos (Málaga) había sido expulsado del Cuerpo por su supuesta relación con el narcotráfico. “Las sospechas no llegaron a acreditarse nunca”, afirmó la unidad.

Tras ascender a comandante y trasladarse a Granada, Santaella acaparó los confidentes para dirigir in situ las operaciones en la costa. En 2006 los agentes de Asuntos Internos describieron prácticas ilegales para permitir la entrada “de 16 ó 17 alijos” y la aprehensión de otros, a cambio de un pacto ilegal con los narcos. En esta práctica policial denominada pelotazo intervinieron varios agentes de la Comandancia de Granada, pero a pesar de que implica delitos de omisión del deber de perseguir delitos, careció de consecuencias.

Asuntos Internos tilda este método de operar como “controvertido e irregular” y subraya que no se traducía en lucro ilícito para los agentes. Una fuente describió los 16 alijos en los que el grupo Antidrogas ofreció “cobertura y total seguridad” durante el desembarco y posterior traslado a la guardería de la droga alijada, a cambio de poder aprehender parte de esa mercancía obteniendo así reconocimiento profesional. “El comandante preparaba un operativo (…) se dejaba entrar la mercancía hasta la guardería [denominación en la jerga para almacén]-, este era el pacto acordado”, dijo el narco.

Asuntos Internos admite que Santaella tuvo conocimiento de su investigación y tomó medidas para evitar que prosperara. En su informe, la unidad describe cómo agentes de Tráfico dieron el alto a dos furgonetas y Santaella les ordenó que las dejaran continuar tras revisarles los faros. Y el episodio quedó ahí. Solo fue el pasado invierno cuando la Policía Judicial detalló que las furgonetas "iban chorreando agua, llevando en torno a 2.000 kilos de hachís cada una".

Asuntos Internos reflejó cómo el comandante "había dado estas instrucciones para demostrarle a la organización que tenía capacidad para evitar sus actividades si no accedían a pagarle por sus servicios". La Policía Judicial va más allá tras interrogar a dos narcos que participaron en esa operación, y comprobar que los relatos de ambos coincidían: "Llamó al comandante y este le preguntó cómo había ido, a lo que él contestó que todo bien. Las dos furgonetas y su mercancía fueron guardadas en Cogollos Vega". Sin embargo, las pesquisas con los agentes de Tráfico no dieron frutos sobre dicho episodio.

Entre las sospechas recabadas sobre Santaella resalta una reunión entre un guardia civil, el capitán de la Policía Judicial, el mando de la unidad Antidroga y otro guardia, con "intercambio de pareceres". "Todos coincidimos en la corrupción del comandante", subraya el agente.

En 2008 se reactivó la investigación cuando un guardia civil de la Comandancia de Granada y su confidente —entonces en prisión— acusaron a Santaella de cobrar mordidas. Asuntos Internos lo descartó por las medias verdades entre ambos, y en sus conclusiones finales consideró: “Podría haberse permitido el tráfico de drogas a narcotraficantes a cambio de que estos facilitaran información”. Ese uso del verbo condicional sobre las actividades ilegales se tradujo en que el informe nunca llegó a la fiscalía o los juzgados. Ahora la juez cuestiona esa decisión.

El coronel Santaella rechaza las acusaciones: "Nunca sustraje fardos de ningún alijo y por consiguiente no entregué a nadie fardo alguno para su venta y obtención de beneficios", clama en un escrito presentado a la juez hace un mes. Santaella solicita la nulidad de las actuaciones y ha pedido a la juez volver a declarar como imputado para aclarar ciertos extremos del caso. El alto mando considera que uno de los narcos "manipula a su manipulador", en referencia al guardia civil que corrobora sus acusaciones.