El presidente del Supremo declara un patrimonio de 372.000 euros

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha declarado un patrimonio de 372.000 euros, entre bienes inmuebles, cuentas corrientes, acciones y vehículos. El valor económico del patrimonio de Lesmes y de los vocales de la Comisión Permanente y del secretario general del Poder Judicial puede consultarse desde hoy en la página web del órgano de gobierno de los jueces (www.poderjudicial.es). Es la primera vez que esta información se hace pública.

Según la declaración presentada por Lesmes, el presidente del Poder Judicial ha declarado bienes inmuebles (viviendas, garajes o fincas) por valor de 321.839,10; y otros bienes (como vehículos) por valor de 15.000 euros. El presidente ha declarado además que tiene 7.000 euros en cuentas corrientes; y 104.000 en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial. En el apartado de pasivo, en el que se incluyen los créditos e hipotecas pendientes, Lesmes declara 75.139 euros.

El secretario general, Joaquín Vives, es el miembro que declara mayor patrimonio: 799.707 euros. Según la ficha que ha presentado, tiene bienes inmuebles por valor de 312.683,82 euros; depósitos de cuentas de 350.000; acciones por valor de 88.559; y otros bienes que suman 7.140 euros. Además, el secretario declara un pasivo (hipotecas o créditos) de 13.400,98 euros.

Entre los cinco vocales de la Comisión Permanente, Nuria Díaz Abad, miembro del Consejo a propuesta del PP, es la que declara un patrimonio más elevado: 578.755 euros, divididos en viviendas (421.548,89 euros), cuentas corrientes o de ahorro (94.057,04 euros), acciones (294.979,51 euros), seguros de vida (30.865,86 euros) y otros bienes (8.432 euros). Díaz Abad declara un pasivo de 271128,30 euros.

El patrimonio declarado por el vocal Francisco Gerardo Martínez Tristán (propuesto del PP) asciende a 414.614 euros. Tiene bienes inmuebles por valor de 221.550 euros mientras que sus cuentas y depósitos arrojan un saldo de 57.935 euros, sus acciones y participaciones ascienden a 118.385 euros y tiene contratados seguros de vida por valor de 180.000 euros. Otros de sus bienes están valorados en 10.700 y su pasivo asciende a 173.955 euros.

El vocal Juan Manuel Fernández (propuesto por el PP), con un patrimonio de 485.303 euros, dispone de viviendas valoradas en 144.303, el saldo de sus cuentas suma 82.000 euros y el valor de sus acciones alcanza los 132.000 euros. Los seguros de vida suman 27.000 euros y dispone de otros 100.000 en otros bienes y derechos de contenido económico. Es el único vocal que declara no tener hipotecas o créditos pendientes.

La declaración de bienes de la vocal Mar Cabrejas (propuesta por el PSOE) refleja un patrimonio de 223.897 euros entre bienes inmuebles (tasados en 195.900 euros), cuentas que ascienden a 7.262, acciones y participaciones de 7.208, seguros de vida por valor de 72.121 y otros bienes de 2.800. Declara un pasivo de 61.393,82 euros.

Álvaro Cuesta (designado a propuesta del PSOE) declara un patrimonio de casi 230.000 euros divididos en bienes inmuebles (153.344,40 euros), depósitos bancarios (52.275,47euros), acciones y participaciones en capital social (32.638,79) y otros bienes por valor de 50.750 euros. Cuesta declara un pasivo por valor de 59.796 euros.

Con la declaración de patrimonio de los miembros de la principal comisión del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces lleva a la práctica un compromiso que adquirió en el convenio suscrito el 2 de julio de 2014 con Transparencia Internacional España. Lo hacen una semana antes de que entre en vigor, el próximo 1 de octubre, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga al presidente del Consejo, el secretario general y los 20 vocales de este órgano ya efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares.

El pasado 7 de mayo la Comisión Permanente acordó que el Portal de Transparencia del CGPJ recogería una ficha individualizada de los altos cargos que gestionan directamente intereses económicos de la institución —el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, los vocales que integran la Comisión Permanente y el Secretario General— que contuviera la relación sucinta del valor económico de su patrimonio actual.

La ficha es la misma que deben cumplimentar los altos cargos de la Administración General del Estado, fue aprobada por la Comisión Permanente el pasado 2 de julio e incluye el valor económico de bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles.