El juez aprecia delito en la muerte de tres artificieros

La explosión que el 20 de mayo de 2013 mató a tres artificieros e hirió a otros dos en la base de la Legión en Viator (Almería) tuvo responsables. Así lo considera el titular del Juzgado Militar Territorial número 23, que ha imputado al capitán J. L. C. P., jefe de la Sección de Desactivación de Explosivos (Sedex), por un delito contra la eficacia del servicio. Su defensor cree que la responsabilidad es de quien derivó para hacer prácticas un proyectil en malas condiciones.

Aquella mañana, los artificieros de la Compañía de Zapadores de la Brigada Legionaria realizaron una práctica de desactivación de explosivos en el campo de tiro de la base. El ejercicio concluyó a las 13.30, sin más incidencias que el hecho de que les sobraron dos proyectiles, uno de 105 milímetros y otro de 106, ya que se les habían agotado las cargas de desactivación.

El proyectil que explotó estaba caducado desde 2012 y clasificado para su destrucción

Cuando los artificieros volvieron a la base, el responsable del polvorín estaba comiendo, por lo que decidieron descargar los proyectiles en la nave que les servía de taller, a la espera de gestionar su devolución. El capitán, entonces teniente, se marchó a su vez a almorzar, mientras sus subordinados se quedaban en la nave.

A las 14.10 se produjo una explosión, que costó la vida a los brigadas Manuel Velasco Román y Antonio Navarro García y al sargento Francisco Prieto González, dejó malherido al sargento José Francisco de Borja González y herida leve a la cabo María Concepción Jiménez Escámez.

El informe pericial ha concluido, como "hipótesis más probable", que el brigada Velasco y el sargento Prieto, ambos con larga experiencia, desmontaron la espoleta al proyectil de 105 como medida de seguridad —más tarde se halló en la caja fuerte del taller— y, a continuación, retiraron el multiplicador. Se trata de una operación sencilla, ya que este debe salir con solo tirar de una cinta, pero se atascó y los artificieros intentaron liberarlo con un destornillador y unos alicates. El roce de metales causó la chispa fatal.

Las acusaciones consideran que el capitán no debió llevar los proyectiles al taller del Sedex, que carecía de condiciones de seguridad, sino que tendría que haber iniciado de inmediato los trámites para su devolución. El juez le ha imputado un delito contra la eficacia del servicio, que el Código Penal Militar castiga con hasta dos años de cárcel.

El abogado Antonio Suárez-Valdés, defensor del capitán, subraya que el proyectil estaba catalogado como "inútil 3D" lo que, según el manual técnico MT7-023 del Ejército, incluye aquellos artefactos que, "por el peligro potencial que entrañan, deben ser eliminados". El lote del que formaba parte el proyectil no había sido sometido a controles para comprobar su estado, pues solo se hacen cuando las existencias superan 100 unidades. El informe pericial confirmó que la explosión del proyectil, caducado desde diciembre de 2012, fue anómala, debido a la existencia de oquedades, exudaciones o "pérdida de propiedades del explosivo por antigüedad".

La instrucción ha evidenciado que es habitual derivar explosivos caducados para prácticas de los artificieros, sobre todo en tiempo de crisis. Resulta mucho más barato que contratar a una empresa para que los desmilitarice.