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Urkullu invita a las víctimas a unirse en la “construcción del futuro”

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, presenta el compromiso Batera (Todos a una) que parte de la mirada conjunta al pasado para "construir todos juntos el futuro"

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka hoy en Vitoria
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka hoy en Vitoria

Primero polémica y después compromiso. Esa ha sido la secuencia del debate sobre las víctimas del terrorismo en los últimos días. Si la pasada semana el Gobierno vasco fue criticado por incluir a miembros de ETA en algunos listados como damnificados por la violencia, pese a que ellos mismos la ejercieron, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el compromiso Batera (Todos a una), que propone a las víctimas a unirse no solo en la elaboración del relato del pasado, sino sobre todo en la construcción del futuro.

Etarras indemnizados por Interior

El Gobierno vasco cree injustificadas las críticas que recibió por incluir una veintena de etarras en un listado para confirmar si finalmente se pueden englobar como víctimas de vulneraciones de derechos humanos, cuando el Ministerio del Interior del Gobierno español tiene reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo a al menos trece etarras que fueron asesinados por otros grupos terroristas.  Están incorporados en el listado de “Fallecidos por el terrorismo indemnizados por el Ministerio del Interior”, que el Gobierno central tiene colgado en su propia página web. En Euskadi, hay alguna diferencia. La etarra Lucía Urigoitia, fallecida en 1987 en un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, figura en la publicación “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco”.

Los incluidos en el listado del Ministerio del Interior, además de estar reconocidos como víctimas junto a otros asesinados por la propia ETA, sus familiares han recibido una compensación económica en virtud de las distintas Leyes indemnizatorias (la 13/1996, la 32/1999 y la 29/2011). En el listado figura María Dolores González Katarain Yoyes, asesinada por sus propios compañeros en 1986, Ramón Oñederra Kattu, compañero de Joxean Lasa y Joxi Zabala y que, como ellos, fue una de las primeras víctimas de los GAL; Mikel Goikoetxea Elorriaga Txapela, muerto por disparos en San Juan de Luz; Ángel Gurmindo Stein y Vicente Perurena Peru, que cayeron también en atentado de los GAL; o Xabier Pérez Arenaza, cuñado de Txomin Iturbe.

Quizás el caso que más llama la atención del listado es el de Tomás Pérez Revilla, que murió tras agonizar durante 45 días desde el atentado del GAL que sufrió en 1984. Antes de eso pudo haber sido uno de los integrantes del comando que asesinó y provocó la desaparición de los cuerpos de tres jóvenes gallegos que fueron a ver una película al País Vasco francés y fueron confundidos con policías por algunos refugiados. También figuran en la lista de Interior José María Etxaniz, Iñaki Astiasuinzarra, Agustín Irazastubarrena y Sabino Etxaide, asesinados en el atentado del hotel Monbar en 1985, y Juan María Otegi Elicegi Txato presuntamente implicado en el asesinato de dos guardias civiles y cuya esposa e hija murieron también en otro atentado de los GAL.

El portavoz, Josu Erkoreka, ha explicado que se trata de una nueva etapa en las políticas de memoria de Euskadi que nace de la "reflexión crítica" del pasado que ha llevado a cabo la institución, y que dio pie a que el propio Iñigo Urkullu pidiera perdón de forma pública a las víctimas, el pasado 5 de junio. Urkullu reconoció ese día que al Gobierno le faltó "inteligencia emocional" y "reaccionar antes y hacerlo mejor" ante el sufrimiento de este colectivo. Juan José Ibarretxe también pidió perdón a las víctimas de ETA, pero entonces los colectivos de afectados no le dieron crédito. La declaración de Urkullu fue celebrada por ellas.

La iniciativa Batera se basa en los principios de "autenticidad, sinceridad e igualdad" y plantea que, a partir de ahora, "cuando pensemos en las víctimas, pensaremos en la injusticia del daño que padecieron en el pasado y también en su papel en la construcción de la convivencia en el presente y en el futuro junto con el conjunto de la sociedad", contempla el documento. Por eso se plantean "reducir o eliminar la distancia" entre las víctimas y la sociedad y, para eso van a promocionar una serie de medidas destinadas a interactuar, confluir y unir las víctimas y la sociedad en clave de futuro y convivencia.

Erkoreka ha hablado de "estrechar" la relación entre las víctimas y la sociedad mediante distintas medidas que el Gobierno de Iñigo Urkullu pondrá en marcha. Así, se ampliará la participación tanto de manera cualitativa como cuantitativa en el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo, se proyectarán nuevas fases de desarrollo de programas ya iniciados y se aprobarán otros nuevos.

En Batera se insiste en que "el mínimo ético" en el que se sustentan las políticas de memoria es el reconocimiento de que "toda forma de violencia o terrorismo, y por tanto la de ETA, fue injusta", lo que supone el rechazo a cualquier intento de justificación de la violencia. El Ejecutivo de Vitoria insiste además en la igualdad de derechos de las víctimas, sea cual sea el signo de la violencia sufrida, de manera que se debe "revertir la discriminación entre víctimas y rechazar y combatir cualquier forma de pretensión justificadora de la existencia de unas víctimas por otras".

Ese suelo ético fue pactado por PNV, PSE y PP en marzo de 2013. El documento apuesta por la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, el “reconocimiento de la injusticia de la violencia”, del daño causado y de la dignidad de las víctimas. Y establece como compromiso básico para garantizar que no se repita una historia de violencia como la que ha sufrido Euskadi estos años que “ni una sola causa política puede situarse por encima de los principios básicos de la ética y el respeto a los derechos humanos”.

El Gobierno vasco emplaza a la izquierda 'abertzale' a "reaccionar"

El Gobierno vasco cree que la operación contra la cúpula de ETA avanza en el escenario de un final "estrictamente policial" de la banda. Frente a la demandada negociación política, e incluso la oferta del Gobierno vasco, del pasado 21 de diciembre, para un desarme ordenado, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha opinado que la organización terrorista debe asumir su "responsabilidad" si se produce ese final no deseado. Por otra parte, ha emplazado a la izquierda abertzale a "reaccionar y a dar los pasos que todo el mundo espera que den" en el sentido de separarse  definitivamente de la violencia de ETA. En este sentido, Erkoreka ha recordado la exigencia que persigue al mundo de la antigua Batasuna de que muestre de una vez por todas una actitud "crítica" con el pasado y que condene "toda expresión de violencia", partiendo del supuesto de que "ejercerla con pretensiones políticas es siempre negativo, injusto e injustificable".

Erkoreka ha advertido de que todavía no se han escuchado declaraciones "contundentes" en este sentido por parte de la izquierda abertzale. A partir de ahí, "ellos sabrán si tienen capacidad de influencia en ETA como para exigirle pasos hacia su desarme y el cierre de su trayectoria histórica". Erkorera ha reconocido que no tiene información oficial de la operación como para respaldar que suponga el fin de la banda, como ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz: "Ojalá en esta ocasión fuera así, pero lo cierto es que hemos escuchado en numerosas ocasiones a más de un responsable del Ministerio de Interior hacer afirmaciones parecidas".

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