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Destituido el coronel imputado por encubrir sobornos de narcotraficantes

Un informe cuestiona la falta de actuación pese a los indicios delictivos

Alijo de droga incautado en 2012.
Alijo de droga incautado en 2012.

El coronel de la Guardia Civil Francisco Ortiz Clavero imputado por encubrimiento en el caso de los sobornos del narco en Granada ha cesado esta mañana en el cargo. La Subdirección General de Personal ha propuesto su cese a la Dirección General del instituto armado y esta lo ha aceptado. El coronel ha cesado "en destino", según precisan fuentes de la Guardia Civil, que han matizado que este mando se encontraba en un puesto menor, con solo un año de servicio antes de su jubilación.

Ortiz Clavero, ex jefe de servicio de la unidad de Asuntos Internos, es el segundo coronel imputado en esta causa tras Francisco García Santaella, destituido asimismo la pasada primavera e imputado por cohecho y asociación ilícita. La investigación estima que Santaella percibió 480.000 euros de narcotraficantes para permitirles introducir alijos de hachís por la costa granadina. Cuatro miembros de una banda han declarado que el coronel percibió los pagos.

La imputación de Ortiz Clavero llega después de que la juez María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, haya comprobado que un duro informe de su unidad contra Santaella no tuviera consecuencias y no se presentara denuncias ante la justicia, pese a los indicios delictivos que incluía.

El pasado noviembre la Policía Judicial de la Guardia Civil realizó la Operación Golia en la costa granadina en la que se detuvieron a 18 miembros de una banda. Los cabecillas de la organización habían sido escuchados a través de pinchazos en los que aludían a la figura del "padre" como receptor de sobornos para facilitar la entrada del hachís en España. Cuando en los interrogatorios surgió la pregunta, los detenidos atribuyeron el apelativo familiar al coronel Santaella.

Tras este impulso a una investigación dormida que había nacido en 2006 y fue cerrada sin éxito, la magistrada abrió unas diligencias secretas para determinar el alcance de una supuesta mordida cobrada por Santaella. En esa investigación, la juez requirió a la unidad de Asuntos Internos los informes resultantes de su investigación que en 2006 y 2008 habían realizado para rastrear los pasos de Santaella y comprobar su patrimonio.

Cuando el informe de Asuntos Internos llegó a la juez, esta comprobó que la unidad "no podía concluir que Santaella llegara a lucrarse personalmente", pero también que de su conducta se deducían delitos: "Existen indicios de una manipulación irregular de las fuentes vivas que aportaban información relacionada con el tráfico de hachís (...) ya que todo apunta a que podría haberse permitido el tráfico de drogas a narcotraficantes a cambio de que estos facilitaran información que originara la detención de otros, todo ello probablemente motivado por un exceso de celo profesional".

Esta conclusión del informe debía haber conducido a una denuncia ante la justicia por parte de Asuntos Internos. ¿Por qué se quedó en un cajón este comprometido informe? Es la pregunta que deberá responder el coronel Ortiz Clavero cuando el próximo 19 de noviembre acuda al juzgado imputado por encubrimiento.