La Audiencia de Sevilla frena la investigación de Alaya al Parlamento

La Audiencia de Sevilla ha cerrado la puerta a la posibilidad de que los diputados autonómicos andaluces tuvieran alguna responsabilidad en el caso de los ERE. La sala séptima ha dejado sin efecto la petición de documentación que hizo en marzo de 2014 la juez Mercedes Alaya a la Junta para aclarar si los parlamentarios pudieron conocer las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas en crisis.

 La decisión de la Audiencia de Sevilla, que responde a un recurso planteado por el fiscal, llega 18 meses después de que Mercedes Alaya señalara al Parlamento como posible responsable en el fraude de las ayudas sociolaborales. La juez quería aclarar si los diputados que formaron parte de la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos de la Junta. De esta comisión formaron parte 51 parlamentarios, entre ellos al menos una veintena del PP, que se habrían visto envueltos en la investigación de los ERE si hubiera prosperado la petición de Alaya.

Pero en un auto notificado el pasado viernes, la Audiencia sostiene que no se puede indagar “con carácter general” si los parlamentarios de la comisión pudieron conocer las irregularidades y se las ocultaron al resto de diputados en los debates sobre los Presupuestos durante 10 años, lo que implicaría su posible responsabilidad penal.

Según la Audiencia, “resulta muy difícil admitir” que si el Parlamento hubiera tenido encima de la mesa los informes de auditoría del Interventor General de Andalucía acerca de la ilegalidad del sistema, con los que sí contó el Gobierno andaluz, hubiera aprobado el sistema de ayudas de los ERE mediante transferencias de financiación.