Imputados los responsables de una empresa de Cádiz por un vertido

La Guardia Civil ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos de Puerto Real (Cádiz) por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. La empresa, que ocupaba una parte de las instalaciones de la compañía estadounidense Delphi —que cerró en 2007 y está implicada en la trama de los cursos de formación—, había almacenado 5.000 toneladas de agua con las sustancias peligrosas en diversos depósitos. Los responsables de la entidad están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y se ha procedido al cierre de la fábrica.

La investigación se inició porque la Guardia Civil detectó restos de hidrocarburos en la estación de bombeo de aguas residuales de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría Delphi. El filtrado de los residuos peligrosos se produjo a través de una arqueta de salida, que no debía estar activa desde la clausura de la fábrica, y que necesita ser activada manualmente para funcionar.

La Guardia Civil pidió a la empresa que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y que aportase la documentación necesaria para su gestión. La empresa no contestó y los agentes inspeccionaron las instalaciones. Allí encontraron 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos, distribuida en tres depósitos de entre cinco y seis metros de alto, y además hallaron restos de los residuos en las bombas de carga y descarga de los tanques de almacenamiento, así como mangueras para transportar el líquido a los camiones cisterna.

Evidencias del vertido intencionado

Los agentes tienen evidencias de que el vertido de residuos peligrosos se hizo de manera intencionada, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de salida, que había sido limpiada por el Ayuntamiento de Puerto Real. Se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales, ni que procediese del suelo contaminado de la factoría.

La Administración tiene constancia de que los depósitos estaban vacíos antes de que las instalaciones fueran alquiladas por la empresa, evidencia clave, según la Guardia Civil, de que sus responsables gestionaban los residuos sin autorización de manera intencionada.

Las autoridades han ordenado el cierre cautelar de las instalaciones y han prohibido su funcionamiento, para evitar posibles daños a las personas y al equilibrio de los ecosistemas. En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos hubiera tenido graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales, más aún al estar situado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

En la actuación han participado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cádiz y funcionarios de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia.