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el desafío soberanista

La reforma del Constitucional divide a las asociaciones de jueces

Los magistrados discrepan en la vía de urgencia y sin consultas empleada por el PP

Las asociaciones de jueces y fiscales han coincidido en la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para establecer "claramente" que tiene fuerza ejecutiva y sus resoluciones deben ser cumplidas. Eso sí, mientras unas creen que la urgencia del cambio está justificada, otras entienden que se trata de una "improvisación" que transmite la sensación de que el Estado no tiene medios para frenar la deriva secesionista y que el PP no confía en la justicia ordinaria.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido que "nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma legislativa, después de que con ocasión de la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre hubo quien argumentara "equivocadamente" que las resoluciones del Constitucional solo eran declarativas. "No nos parece mal que se ponga claramente que son ejecutivas en una ley", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

La asociación, mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, ve con buenos ojos que el Alto Tribunal pueda imponer multas coercitivas o acordar una suspensión "instrumental" de funciones en la medida en que el ejercicio de estas entorpezca la orden emitida por este órgano. "Si no, llegaríamos al círculo vicioso de la inejecución", ha añadido.

En cuanto a la urgencia de la tramitación en el Congreso, Llarena ha respondido que se trata de una vía "lógica a la altura de las circunstancias". Esta opinión coincide con la del presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que ha resaltado la "cosa está calentita, por lo que habrá que intentar" evitar un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

"Me parece bien y es necesario. Hemos visto a veces como sus peticiones se quedaban en nada por falta de medios para hacerlas eficaces", ha manifestado Gallardo, al ser preguntado sobre la norma presentada por el Partido Popular en la Cámara Baja.

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Emilio Frías ha manifestado que "no sería malo" que el Constitucional pueda ejecutar por sí mismo sus resoluciones, aunque "otra cosa distinta es imponer sanciones". En este sentido, ha explicado que las multas no son novedosas y ha defendido el respeto al principio acusatorio y la audiencia del interesado en medidas como la suspensión de funciones.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha destacado que se pueden estudiar las competencias ejecutivas del Tribunal Constitucional para que sus resoluciones "no queden en papel mojado", pero hay otras formas de aplicar las sanciones. "Los juzgados ordinarios tienen competencias propias en casos de desobediencia", ha remachado.

Gendarme de urgencia

En este sentido, ha planteado que el Constitucional está concebido como el máximo intérprete de la Carta Magna con una misión esencial en la protección de los derechos fundamentales y no como un "gendarme de urgencia" para cuestiones políticas. "Se da la impresión de que el PP no confía en la independencia de los jueces ordinarios y de que el Constitucional está politizado", ha añadido Bosch.

"El Gobierno ha tenido bastante tiempo y es poco comprensible que en la recta final de legislatura aborde deprisa y corriendo una cuestión de tanta trascendencia", ha señalado Bosch, para añadir que el alcance de la reforma requiere de una "reflexión adecuada" y de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, algo "poco compatible" con la urgencia de la vía escogida.

En esta línea, se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, al manifestar que la "Justicia tiene mucho que decir" en esta reforma, por lo que no parece lógico que el PP eluda los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

"No se puede hacer de la noche a la mañana, es una muestra de improvisación a un mes de las elecciones catalanas que da la sensación de que el Estado no tiene mecanismos suficientes ante la situación de Cataluña y de que la papeleta la tiene que sacar adelante el Tribunal Constitucional", ha concluido Viada.