El PP renuncia a reformar la Constitución en su programa electoral

El Partido Popular enterró este lunes el espíritu reformista de la Constitución que ha exhibido, con timidez, durante el mes de agosto. La formación conservadora no llevará en su programa para las elecciones generales ninguna propuesta de modificación de la Ley Fundamental. Tras coquetear con la idea de una reforma limitada, el PP la descarta al entender que podría servir para que los “secesionistas” tengan “un resquicio para reescribir la historia de España”.

La dirección del PP renuncia a llevar la iniciativa de una reforma constitucional, y aboga por realizar modificaciones legislativas puntuales para “perfeccionar” el funcionamiento de instituciones como el Poder Judicial o el propio Tribunal Constitucional. “Tenemos otras prioridades y preferencias que reabrir un pacto constitucional que sigue siendo válido”, manifestó el vicesecretario de Comunicación popular, Pablo Casado. “Con los mimbres de consenso que hay, el cesto no quedaría mejor que en el 78 (…) las democracias consolidadas no cambian cada 30 años su Carta Magna”, sostuvo.

Durante el mes de agosto, el PP trató de tomar la delantera en el debate abierto sobre la reforma de la Constitución. Nada más arrancar el mes, el Grupo Popular en el Senado aceptó —después de tres años de negociación con otros partidos— una modificación restringida de la Ley Fundamental para mejorar el funcionamiento de la Cámara Alta.

El 6 de agosto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó, en una entrevista con Europa Press, modificar la norma básica en aspectos como la delimitación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas o la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Esta última reforma exigiría disolver las Cortes y un referéndum.

Al día siguiente, Mariano Rajoy, tras reunirse con el Rey en el Palacio de Marivent, en Palma, recogió ese guante. En plena precampaña de las elecciones autonómicas catalanas, que la Generalitat plantea como un plebiscito sobre la independencia, el presidente del Gobierno se mostró “dispuesto a dialogar en la próxima legislatura para abordar una reforma de la Constitución”. Rajoy llegó a plantear como referencia el “magnífico” dictamen del Consejo de Estado del año 2006, solicitado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En este informe se analizan la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado.

El Comité de Dirección del PP, en su primera reunión en el nuevo curso político, congeló definitivamente una posibilidad de reforma constitucional que el propio Rajoy ya había puesto a enfriar el pasado jueves. En una visita a las obras del AVE en Ourense, el jefe del Ejecutivo recordó que retocar la norma fundamental es un asunto “complejo, difícil y delicado”, que requiere “saber qué se quiere hacer” y “buscar el momento adecuado”.

“No es una prioridad”

Este lunes, el portavoz Casado fue más allá: “Cuando se desafía la unidad de España no conviene cuestionar el marco de convivencia que le ha dado a este país el periodo de mayor prosperidad de su historia (…) Dos tercios de los ciudadanos españoles están de acuerdo con el estado autonómico, dejamos para la minoría restante las asimetrías y los federalismos”, dijo. El vicesecretario de Comunicación dejó la puerta abierta a estudiar las propuestas de otros grupos políticos sobre la Constitución, pero insistió en que la iniciativa nunca partirá de la formación conservadora. “No se trata de inmovilismo, es que no es una prioridad para los ciudadanos”, aseguró.

En la reunión de la directiva conservadora se han tratado las declaraciones del consejero de Justicia de la Generalitat catalana, Germà Gordó, sobre la posibilidad de incorporar a Baleares y a la Comunidad Valenciana a una hipotética Cataluña independiente. “Esas declaraciones son intolerables, un disparate y una burla a los ciudadanos de Cataluña, Valencia y Baleares”, ha criticado Casado. A renglón seguido, el portavoz popular ha recomendado al PSOE que “se haga mirar” el apoyo que recibe de “grupos separatistas” en esas comunidades y el sostén que presta para que en Valencia capital gobierne Joan Ribó, de Compromís.

Casado ha pasado por encima del asunto de las reuniones que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado que mantuvo con miembros de la dirección del PP, además de la que celebró el 29 de julio con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Desconozco con qué nivel de afiliación se ha reunido el señor Rato y si se ha reunido (…) no vamos a estar dando cuentas de con quién se reúne este señor que lleva un año sin ser afiliado y diez años sin ser cargo público”, ha dicho Casado. “Que se dilucide cualquier responsabilidad que tenga, pero no con quien toma café, eso no me importa”, ha zanjado.

Respecto a las discrepancias surgidas en el seno del PP sobre la reforma de la Ley del Aborto, en el que un grupo minoritario de senadores conservadores prevé votar en contra de su modificación si no se vuelve a una ley de supuestos y se mantiene, con modificiones, la ley actual de plazos, Casado ha tratado de contentar a todos los sectores.

“Seguimos con la postura de que el Tribunal Constitucional resuelva cuanto antes los recursos y deseamos que sea para declarar anticonstitucional la Ley Aído. La ley que reunía consenso era la vigente desde 1985 [de supuestos] y la reforma del Gobierno de Zapatero fue muy partidista”. Mientras el alto tribunal no se pronuncie, Casado recuerda que el PP ha “planteado la reforma de lo que es más urgente”, es decir que las mayores de 16 años tengan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, de lo que les exime la norma actual.