Granados usó el Campus de la Justicia para un informe inútil de 78.800 euros

El Campus de la Justicia de Madrid, el malogrado proyecto de Esperanza Aguirre que consumió en nueve años 105 millones de dinero público, era en 2011 una iniciativa congelada por la crisis. Sin embargo, el Gobierno regional del PP usó la sociedad que desarrollaba el complejo, de capital 100% público, para contratar informes inservibles. El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior Francisco Granados ordenó al responsable de la empresa que solicitara a la consultora Deloitte una radiografía de la justicia. El trabajo se guardó en un cajón.

El documento Informe sobre el estado de la justicia tiene 392 páginas y costó 60.000 euros (70.800 con IVA). El texto se nutre de datos que elaboran anualmente instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) o la Fiscalía de Madrid. Se trata de estadísticas que pueden consultarse en Internet de forma gratuita.

El estudio recoge en sus páginas 5 y 6 una tabla por regiones de los 431 partidos judiciales. Los datos y su disposición son idénticos a los publicados en la página 8 del anuario del CGPJ de 2011 La justicia dato a dato. Solo cambia el color del gráfico.

Granados pidió en 2010 al entonces director general del Campus de la Justicia, Gonzalo Quiroga Churruca, que eligiera a la auditora Deloitte para prestar el servicio. El exconsejero encargó el trabajo tras una reunión de la Comisión de Gobierno de la Consejería de Justicia y Presidencia, según fuentes del campus.

Granados, que hoy duerme en prisión por ser uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica, insistió en que el dinero debía proceder de la sociedad pública. La crisis ya había frustrado este proyecto que Esperanza Aguirre presentó como inédito y que contaba con la firma de arquitectos internacionales como el británico Norman Foster.

“No necesitábamos ningún informe sobre la situación de la justicia. Se lo dijimos [a Granados]. Pero él insistió en que se encargase el trabajo por ese importe a la consultora Deloitte”, según fuentes del campus.

La elección de la auditora para el trabajo no fue gratuita. “Varios miembros de la firma tenían vínculos con dirigentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, añade un conocedor de la operación. Deloitte declinó contestar un cuestionario sobre la presencia de familiares en la empresa que también incluía preguntas como: “¿El informe aporta algún dato inédito?”. La consultora argumenta que no da explicaciones de los trabajos de sus clientes.

La sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA abonó a la auditora los 70.800 euros del documento el 5 de julio de 2011, según la factura. Las críticas arreciaban ya sobre el proyecto. Se cuestionaba la opacidad de sus cuentas. Y solo había en el complejo situado en el madrileño barrio de Valdebebas un edificio en pie. Un contenedor de cemento de tintes futuristas conocido popularmente como el donut que alberga el Instituto de Medicina Legal. Esta mole de hormigón precisó varios tratamientos para acabar con las plagas de conejos y su vigilancia cuesta 12.000 euros al mes.

No necesitábamos un informe. Pero Granados se empeñó", dice un conocedor del contrato

El Campus había consumido en 2011 más de 100 millones de euros de dinero público. Y los proveedores recurrían a los tribunales para reclamar los honorarios de unos trabajos adjudicados pero que nunca verían la luz por el frenazo inversor.

El desplome inmobiliario resultó clave para sentenciar este cadáver del despilfarro. La Comunidad de Madrid planeaba financiar los 15 edificios previstos en el Campus de la Justicia con la venta de seis sedes judiciales. El Gobierno regional solo tuvo tiempo de desprenderse de dos edificios antes del pinchazo de la burbuja. Ingresó 72 millones de euros. No fue suficiente para costear la factura de una sociedad cuya liquidación fue acordada el 31 de julio de 2014 por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP). Su predecesora Esperanza Aguirre había anunciado en 2004 como iniciativa estrella de su primera legislatura un proyecto que reuniría bajo una misma superficie de 400.000 metros cuadrados las 19 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

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