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El juez del ‘caso Púnica’ investiga a 12 alcaldes de grandes ciudades

La Audiencia Nacional reclama documentación a Ayuntamientos de tres comunidades

Madrid y Valencia, entre las capitales investigadas

Operación Púnica
Francisco Granados abandona su domicilio, tras ser detenido en octubre de 2014.

El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha abierto nuevas líneas de investigación sobre esta trama corrupta y multidisciplinar. El magistrado ha solicitado ingente documentación a 12 grandes ayuntamientos bajo sospecha, entre ellos Madrid y Valencia, gobernados por Ana Botella y Rita Barberá respectivamente, cuando ocurrieron los hechos investigados.

La información solicitada tiene relación con los contratos que el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la causa, logró de estos ayuntamientos a través de las sociedades Madiva y Eico.

La Guardia Civil remitió en julio pasado un informe al magistrado en el que señalaba que De Pedro consiguió que todos esos municipios le pagaran dinero público a cambio de insertar publicidad institucional en sus diarios digitales. Documentos intervenidos en las sedes de Madiva y Eico acreditan que De Pedro controlaba hasta 20 diarios digitales en diversas localidades de Madrid y Comunidad Valenciana. “En realidad”, sostiene la Guardia Civil, “[la inserción de publicidad en los medios digitales de De Pedro] era un pago en especie por trabajos de reputación para autoridades y cargos públicos”.

Los gobiernos de esos 12 ayuntamientos -Dénia, Gandia, Valencia, Collado Villalba, Cartagena, Madrid, Elche, Valdemoro, Majadahonda, Castellón, Alcobendas y Coslada- contrataron con De Pedro diversos servicios que servían para financiar trabajos de reputación que beneficiaban a los alcaldes de esas localidades, según la tesis defendida por los investigadores. En su informe al juez, la Guardia Civil detalla los hechos que ha podido comprobar en relación con las supuestas corruptelas y pide el auxilio del magistrado para lograr la documentación oficial con la que poder apuntalar todas sus sospechas.

Dénia. La Guardia Civil investiga si la exalcaldesa de Dénia Ana María Kringe contrató a una periodista para sus intereses particulares y la pagó a través de Alejandro de Pedro, a quien habría adjudicado contratos de publicidad institucional del Ayuntamiento.

Gandia. La investigación sostiene que De Pedro cobró de este ayuntamiento a través de un contratista municipal que se prestó a facturar por servicios no prestados al consistorio y pagar ese dinero al dueño de Madiva y Eico.

Valencia. De Pedro insertó en 2014 en su diario digital Ahora Valencia publicidad institucional del ayuntamiento que presidía Rita Barberá. “Con ese contrato de publicidad”, sostiene la Guardia Civil, “se pudiera haber realizado reputación a responsables políticos del Ayuntamiento de Valencia”.

Collado Villalba. “Empresas de Alejandro de Pedro”, según la investigación, “habrían realizado servicios a este ayuntamiento sin contratación administrativa previa, desconociéndose si los trabajos consistían en mejorar la reputación de cargos públicos de esa localidad”. La Guardia Civil basa sus sospechas en conversaciones telefónicas del empresario De Pedro.

Cartagena. “Con los datos que se conocen se puede apuntar un pacto entre Alejandro de Pedro y Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena, para sufragar trabajos de reputación a cambio de 3.000 euros. Queda por confirmar si se han realizado con dinero público”, señala la Guardia Civil.

Madrid. La empresa Irismedia resultó adjudicataria de un contrato de 1,165.000 euros para gestionar la publicidad del Ayuntamiento de Madrid. Irismedia pagó a Madiva, empresa de Alejandro de Pedro, 7.669 euros por insertar publicidad institucional en el diario digital Madrid Actualidad. “Alejandro de Pedro habría realizado trabajos de reputación de la exalcaldesa Ana Botella para lo que habrían mediado José Antonio Conesa y Eduardo Zaplana (…) Las comunicaciones whatsapp evidencian la realización de informes sobre presencia en Internet de Ana Botella así como la creación de diarios digitales en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid”, señala la Guardia Civil.

Valdemoro. Un concurso amañado, según la Guardia civil, permitió a Eico, firma de Alejandro de Pedro, ganar un concurso por 10.600 euros en 2013 para hacer un estudio sobre implantación de redes sociales en Valdemoro. Además, otra firma del empresario De Pedro, Madiva facturó durante varios trimestres 1.089 euros a este ayuntamiento bajo los conceptos “publicidad, noticias, Valdemoro”.

Coslada. La Guardia Civil ha localizado hasta cinco facturas de 2014 a favor de Madiva por campaña de publicidad online consistente en incluir “dos banner publicitarios en el diario Noticias Coslada”. En 2011, la otra firma bajo sospecha, Eico, facturó 22.320 euros por “servicios de auditoría y guía de normas de uso de redes sociales y presencia en Internet del Ayuntamiento de Coslada”.

Alcobendas. Entre 2011 y 2014, el Gobierno municipal de Alcobendas, presidido por el diputado autonómico del PP Ignacio García de Vinuesa, pagó más de 60.000 euros a Madiva y Eico por inserción de publicidad institucional en diarios digitales y por informes de posicionamiento en redes sociales

Majadahonda. Entre 2011 y 2014, las empresas de Alejando de Pedro facturaron con este ayuntamiento 56.000 euros, según la Guardia Civil.

Elche. Según las conversaciones del empresario Alejandro de Pedro intervenidas por orden judicial, éste logró contratos del Ayuntamiento de Elche tras la intermediación de Eduardo Zaplana. Sin embargo, la Guardia Civil advierte que “no se tiene la certeza de qué trabajos se hubieran realizado y si efectivamente se hubieran materializado”.

Castellón. “Alejandro de Pedro realizó trabajos relacionados con campañas de publiciad para el ayuntamiento de Castellón y, de manera simultánea, servicios de reputación para su exalcalde, Alfonso Bataller”, señala el informe de la Guardia Civil.

El informe preliminar de la Guardia Civil sobre los 12 ayuntamientos bajo sospecha concluía solicitando al juez autorización para recabar toda la documentación necesaria de estos municipios. El juez Velasco aceptó la petición tras considerar “constatado que Alejandro de Pedro realizaba trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor que más tarde se sufraga por dichos cargos públicos por procedimientos irregulares, ya sea mediante el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, o mediante la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en contratos públicos previstos para otro propósito y que luego se facturan a empresas de Alejandro De Pedro”.

El juez, en una resolución del pasado julio, destaca que la investigación ha podido acreditar que existen "indicios racionales de delitos en algunos de los ayuntamientos que han contratado con Alejandro de Pedro".

El caso Púnica que instruye Eloy Velasco en la Audiencia Nacional mantiene a 92 personas imputadas, entre ellas una decena de ex alcaldes y dos exconsejeros autonómicos madrileños. Dos de los imputados llevan presos desde octubre pasado: Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid, exsenador y exconsejero autonómico; y su amigo David Marajaliza, empresario de Valdemoro. Ambos serían, según la investigación, los cabecillas o cerebros de las distintas tramas de corrupción que han desarticulado la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Eloy Velasco.

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