La otra crisis del narcotráfico gallego

Mientras la burbuja inmobiliaria también estallaba en los bolsillos de los narcos, en Galicia se registró la mayor oleada de desembarcos de cocaína que se recuerda. Una competición entre las viejas y nuevas generaciones de traficantes para disputarse el flete de millonarios cargamentos y su traslado a tierra en tiempo récord que llegaban a las Rías Baixas desde Sudamérica.

Desde finales de 2007 y hasta 2013, los narcos gallegos emprendieron una escalada imparable en el tráfico de cocaína pero que tuvo consecuencias desastrosas para su reputación entre los carteles proveedores, con fuertes pérdidas económicas que se estiman en más del 80% de los cargamentos que se enviaron a Galicia.

El desafío de unas bandas mejor equipadas a unos grupos policiales más especializados cerró un ciclo ruinoso del que todavía no se han recuperado. En siete años, los narcos gallegos perdieron casi 3.000 millones de euros en alijos y fueron desmanteladas 15 organizaciones, además de la incautación de decenas de costosas embarcaciones y patrimonio embargado que ya supera los 90 millones de euros.

La crisis también ralentizó el consumo de cocaína en casi todo el mercado europeo lo que obligó a los productores a bajar los precios de esta droga pero al menor coste posible. Así, el kilogramo que multiplica por seis su precio de origen nada más pisar tierra al otro lado del Atlántico, llega desde entonces al consumidor con índices de pureza muy inferiores a épocas pasadas.

En estos momentos, solo quedan operativos dos grupos fuertes con capacidad para trabajar en cualquier momento —según un experto policial de Greco Galicia—, pero nadie sabe cuánto tardarán en volver a rugir los motores de las planeadoras enfilando el océano. Este ciclo de paro obligado para las grandes organizaciones gallegas está siendo rentabilizado por delegados de los múltiples carteles asentados en España, principalmente en Madrid, buscando otras vías alternativas de entrada de alijos por puertos y aeropuertos bastante menos arriesgados que las rutas marítimas tradicionales. La mano de obra en paro, principalmente lancheros, se ha desplazado al sur para operar en el tráfico de hachís en pleno apogeo de este negocio. Como en la década de los noventa tras la Operación Nécora —hace 25 años— el trasiego de narcos saliendo y entrando de la cárcel es similar al de entonces. Mientras viejas guardias como Manuel Charlín (y su numerosa descendencia), su hermano José Luis, Laureano Oubiña, Sito Miñanco o Alfredo Cordero están en libertad condicional, otros aún no han llegado al ecuador de sus condenas o todavía esperan el veredicto de los tribunales.

De la nueva hornada de capos salió el bregado lanchero Rafael Bugallo, Mulo, que desde las descargas de tabaco trabajaba a comisión para las más importantes organizaciones. Él tomó el relevo del que fuera número uno en el transporte, Manuel Abal, Patoco; el hombre más demandado por los carteles colombianos. Abal llegó a tener su propia empresa y negociaba directamente con los proveedores.

Alijo por la borda

Tras su muerte en accidente de moto a finales de 2008, Mulo se colocó en primera línea al frente de una organización. En enero pasado, tras el abordaje de un barco con 1.500 kilos de cocaína, Bugallo fue detenido en su chalé de Cambados (Pontevedra). Tras varias horas de búsqueda, al fin se rindió por la falta de oxígeno y salió de un pequeño zulo que había construido en una de las paredes de su dormitorio. Además de este proceso que le ha confinado a la cárcel, Mulo, de 57 años, tiene pendiente un juicio por otra descarga en 2008 de cuatro toneladas de cocaína que frustró un avión de reconocimiento de Vigilancia Aduanera y obligó a la tripulación a tirar el alijo por la borda y abandonar la lanzadera en la playa de A Lanzada (O Grove) donde le prendieron fuego antes de huir. El fiscal antidroga de Pontevedra le pide 17 años de prisión y multa de 300 millones.

Ramiro Vázquez Roma, otro curtido marinero también de Cambados, se dio a conocer en octubre de 2007 con un estreno de película cuando pretendía descargar tres toneladas de cocaína en Arousa. Con cuarenta y pocos años, Vázquez Roma contaba con un astillero en la localidad portuguesa de Viana do Castelo donde construía embarcaciones prototipo para él y redes colombianas que operaban desde el norte de África. Se enfrenta a 18 años de prisión, millonarias multas y el decomiso de propiedades, entre ellas un hotel a medio construir, en un juicio previsto para octubre. La policía no ha dejado de rastrear a la banda de Los Pasteleros, una de las más potentes que surgieron en la pasada década y que logró zafarse de la cárcel al huir el testigo de cargo del juicio en 2013. Su principal cabecilla, Óscar Iglesias, de 42 años, sin antecedentes penales, y su socio José Constante Piñeiro Búa, Costiñas —un histórico del narcotráfico gallego—, ambos en libertad, están implicados en varias operaciones sospechosas de blanqueo y delito fiscal a las que supuestamente dio cobertura y asesoramiento, el letrado de Madrid Juan Ramón García Crespo, que empleó varias sociedades con jubilados al frente como testaferros.

La investigación patrimonial y financiera de El Pastelero tiene sus raíces en la compra de una empresa minera que explotaba un yacimiento de cobre en la República Democrática del Congo descubierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía. La compra de la mina en África se vinculó desde un principio a posibles testaferros de Óscar Rial, lo que facilitó la localización de una maraña de sociedades y empresas, la mayoría promotoras con intereses en zonas turísticas de Brasil, como Fortaleza, y otras en Uruguay, donde se realizaron operaciones inmobiliarias que podrían estar dirigidas por el empresario de Vilagarcía, conocido por su antiguo negocio de pastelería. La operación la cerró un matrimonio de presuntos testaferros a través de una transferencia de al menos 1,5 millones de euros, “ahorros” según sus declaraciones judiciales.

Dos denuncias en marcha

El fiscal de Delitos Económicos acaba de presentar una primera denuncia contra Costiñas mientras prepara otra contra El Pastelero al que le han embargado su chalé de Vilagarcía valorado en casi un millón de euros. Junto a Piñeiro Búa aparece su hermano Francisco y otros colaboradores como los empresarios José Luis Loureiro Vázquez, Ángel García Vibel y Juan Antonio Martínez Gómez implicados en un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Entre las sociedades bajo sospecha figura Altman Import Export SL, propietaria de una nave industrial en el puerto de Tragove (Cambados) que aparentaba la compra de hierro a las sociedades portuguesas Inhakitxu Importaçao de Metais LDA y And E Per-Metalúrgica LDA para encubrir presuntamente la financiación de la nave industrial con dinero negro.