El PP estudia un rediseño de las competencias autonómicas

El Partido Popular articulará su propuesta de reforma constitucional a partir de las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado en 2006, cuando fue consultado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.  Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas de la formación, lo ha confirmado en declaraciones a la Cadena Ser. En aquel informe, el organismo presidido por Francisco Rubio Llorente apostó por imponer un techo a las aspiraciones competenciales de las autonomías, delimitando lo que corresponde al Estado; propuso una reforma del Senado, dándole mayor peso legislativo; y abogó por llenar de contenido el concepto constitucional de “solidaridad” entre autonomías.

"Hemos de ver si la Constitución responde a la realidad de la sociedad española", ha dicho Levy, cuyo partido todavía no ha decidido si esa propuesta de reforma constitucional será parte de su programa para las elecciones generales de fin de año. “Hay que recuperar ese documento”, ha añadido sobre el texto del Consejo de Estado, con el que también trabajan los expertos reunidos por Ciudadanos para plantear las reformas que llevará Albert RIvera en su programa.

Levy ha mencionado la aportación del Consejo de Estado sobre la reforma del Senado y la eliminación de la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Jefatura de Estado, así como "aspectos de derechos que pueden actualizarse". Sobre el Estado autonómico, ha señalado que la Constitución "se hizo para descentralizar el poder" tras la dictadura y que también es una regulación sobre la que reflexionar.

“Aquel texto”, han recordado fuentes jurídicas consultadas por este diario en alusión al informe del Consejo de Estado; “tocaba de forma incidental el título octavo [referente a las competencias autonómicas], pero era clarificador en cuanto al papel del Senado. El consenso entre los constitucionalistas es elevado: hay que ir en la dirección de clarificar el mapa competencial, que es muy confuso y provoca ineficiencias”.

El 8 de agosto, tras reunirse con el Rey, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, anunció que aceptará hablar de la reforma de la Constitución en la próxima legislatura. Entonces definió como “magnífico” el informe del Consejo de Estado de 2006 y advirtió sobre los límites que establecería en los cambios: “Una cosa es lo que los independentistas catalanes digan y otra, la reforma de la Constitución. Los independentistas no se van a quedar con la reforma de la Constitución porque lo que quieren es la liquidación. Ni mi partido ni otros están dispuestos a liquidar la Constitución. Y ninguna reforma se va a plantear con esos parámetros”, dijo Rajoy.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha expresado su interés en abordar el dibujo de las competencias de las autonomías, la reforma sobre la sucesión de la Corona y en retocar los aforamientos.