El Supremo niega la readmisión a un guardia civil condenado por atraco

César Contreras, cabo primero de la Guardia Civil, no volverá a formar parte del cuerpo. El Tribunal Supremo ha confirmado su expulsión del instituto armado tras ser condenado a siete años y medio de prisión por participar, de uniforme, en dos atracos a domicilios en localidades próximas a Zaragoza a mediados de 2012. La Sala de lo Militar considera adecuado apartarlo para siempre del servicio por “la naturaleza especialmente reprobable de los delitos” y la “intensa afectación” al crédito y la imagen de la Guardia Civil.

Tras un paso conflictivo por la unidad antidroga, de la que salió en marzo de 2011 por “motivos disciplinarios”, el cabo Contreras, residente en Zaragoza, fue destinado en mayo de 2012 a la Comandancia de Cuenca. Sin embargo, no llegó a incorporarse a su destino por una baja médica.

El agente atravesaba una fuerte adicción al alcohol y a las drogas y necesitaba dinero para su dosis. A primera hora del 9 de mayo de 2012, Contreras se presentó, junto con un compinche, en un domicilio de Alagón, a 23 kilómetros de la capital maña, y tras mostrar su placa reglamentaria anunció al matrimonio que vivía allí que iban a hacer un “registro de drogas”.

Una vez en la vivienda, y tras esposar a los ocupantes, el guardia civil —vestido con un chaleco reflectante oficial— y su cómplice se pusieron un pasamontañas. Los atracadores exigieron a la mujer que les entregara un cordón, una medalla y unos pendientes, todos de oro, que llevaba puestos. Tras registrar toda la casa, se llevaron las alhajas, un móvil y 50 euros en metálico, y se dieron a la fuga.

Las víctimas pidieron auxilio a los vecinos y, tras avisar a la Guardia Civil, les quitaron los grilletes. Los investigadores del instituto armado no tardaron en sospechar de su compañero Contreras, y obtuvieron del juez una autorización para pincharle el teléfono. Las escuchas permitieron detectar la preparación del segundo atraco.

El 5 de junio de 2012, también a primera hora, Contreras y otros dos secuaces, uno de ellos el que participó con él en el atraco de Alagón, se reunieron en un área de servicio próxima a Zaragoza con una mujer, la cual les entregó una mochila. Tras hablar unos instantes, los tres hombres en un coche y la mujer en otro se dirigieron a la localidad de Pedrola.

En este pueblo a la orilla de la autopista Logroño-Zaragoza, los tres hombres, con chalecos verde oliva de la Guardia Civil, repitieron la operación. Tras llamar, a cara descubierta, a una vivienda que tenían vigilada, anunciaron un registro antidroga a los ocupantes: un matrimonio y su hija de 13 años. Tras esposar a la pareja, los atracadores atendieron al ruego de los padres de que no ataran a la menor. Hecho esto, se colocaron los pasamontañas y empezaron a rebuscar por toda la casa.

La hija del matrimonio consiguió escapar y pedir ayuda a su tío y a su primo, que vivían en la casa de al lado. Para entonces, la familia ya se había percatado de que quien estaba en su domicilio no eran verdaderos guardias. Tras intentar echar la puerta abajo, los familiares que venían a rescatar a las víctimas fueron tirados al suelo y golpeados por los falsos agentes. El forcejeo aceleró la acción: los asaltantes se escaparon a toda prisa llevando consigo grandes cadenas de oro —una con un caballo y otra con la efigie de Camarón de la Isla—, sortijas, anillos, relojes, y 3.300 euros en metálico. La banda del cabo Contreras, vigilada a distancia por la Guardia Civil, fue detenida minutos después.

Tras su condena penal, el Ministerio de Defensa abrió al cabo Contreras un expediente disciplinario por falta muy grave y lo expulsó de la Guardia Civil. Su abogado pretendía que se rebajara esta sanción administrativa y que se considerara como atenuante la adicción de su cliente al alcohol y a las drogas, en especial a la cocaína. El Supremo entiende que la gravedad de los hechos y las penas de cárcel que le fueron impuestas a Contreras resultan “incompatibles” con su pertenencia al instituto armado.