Los puntos calientes de la LOMCE

La última reforma educativa comenzó su andadura el curso pasado. En 2014 se puso en marcha en los cursos impares de Primaria y, a partir de septiembre, tiene que entrar en los cursos pares (con la evaluación de los alumnos de sexto), en primero y tercero de secundaria y en primero de bachillerato. Estas son las cuestiones más polémicas de la ley educativa.

-Reválidas. La reforma prevé evaluaciones externas comunes a todos los alumnos. En 2016 está prevista la de 6º de primaria. En ESO y bachillerato serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando).  Las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado externo a los centros. El decreto que las regula está pendiente de aprobación. Las comunidades gobernadas por el PP han propuesto que se deje en suspenso la fecha para decreto de bachillerato y secundaria. Los socialistas piden que se suspenda la aprobación del decreto completo y se comience a debatir de nuevo.

-Religión y Ciudadanía. La nota en la asignatura de Religión pesa para la media o para pedir una beca. Es optativa con Valores Éticos en secundaria. Educación para la Ciudadanía sale del currículo de la LOMCE, pero hay comunidades que la recuperan. Religión pesa para nota y becas. Las comunidades autónomas eligen el tiempo de clase (una o dos horas semanales). La Conferencia Episcopal ha mostrado su “preocupación” porque hay comunidades han reducido la duración de las clases. En bachillerato, la asignatura confesional se deje a la libre disposición de las comunidades o del propio centro educativo, que puede ofertarla como optativa, pero no está obligado a ello.

-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En 4º, se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes.

- Concertada. "La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales” es uno de los principios que rige la reforma. La frase resume la esencia del conflicto que ha dividido la educación española del último siglo: la escuela concebida como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres.

- Segregación por sexos. La normativa garantiza tras su paso por el Senado el inmediato retorno de las ayudas a los centros que perdieron la subvención pública por separar chicos y chicas. Varias sentencias del Tribunal Supremo han retirado el concierto a colegios por considerar que segregar es discriminatorio.

- El currículo. El Gobierno central fija los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachillerato (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas" (Educación Física, Plástica, Música, entre otras), el Gobierno establece objetivos y criterios de evaluación y las autonomías deciden el temario concreto. Quedan las materias de libre configuración (entorno a un 10-15% del currículo), cuyo contenido depende exclusivamente de las autonomías.

- El castellano y el catalán. La norma prevé que se subvencione plaza en colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la concertada. El Ministerio de Educación adelanta el dinero, pero son las comunidades autónomas las que deben pagarlo. La medida, diseñada por el exministro José Ignacio Wert, se puede aplicar en todas las comunidades, pero fue creada específicamente para Cataluña. El ministerio reduce drásticamente en los presupuestos de 2016 la partida con la que se paga la escolarización en castellano para aquellas familias que no encuentren una oferta de este tipo en el sistema educativo público. El proyecto de Presupuestos destina solo un millón de euros para pagar esta enseñanza, frente a los cinco millones que se destinaron en el último ejercicio. Es un 80% menos.