Castilla-La Mancha reabre la ‘guerra del agua’

El Ejecutivo socialista pide la paralización inmediata del trasvase Tajo-Segura

Vista del embalse de Entrepeñas.
Vista del embalse de Entrepeñas.ULY MARTÍN

El cambio en el mapa político tras las elecciones autonómicas de mayo sumado a la escasez de agua en el río Tajo ha reabierto la llamada guerra del agua. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, ahora en manos del PSOE, pidió este miércoles la paralización inmediata de los trasvases al río Segura y denunció que la reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, está por debajo del límite marcado para desembalsar.

Se oían los tambores ya desde que el socialista Emiliano García-Page tomó posesión como nuevo presidente castellano-manchego, pero en los últimos días, la ofensiva contra el trasvase Tajo-Segura ha ido creciendo en intensidad. El 27 de julio, el Gobierno autorizó un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia la zona de Levante al que García-Page contestó enseguida con el anuncio de que iba a recurrirlo. Este miércoles quedó claro que la guerra del agua ya ha estallado: el Ejecutivo de Castilla-La Mancha exigió que deje de salir agua de la región y acusó al Gobierno central de permitir el trasvase pese a que los embalses están por debajo de los 400 hectómetros cúbicos fijados en el acuerdo que en 2013 zanjó el conflicto.

La guerra del agua parecía superada desde octubre de 2013. El Gobierno y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo, todas del PP, escenificaron entonces un acuerdo que calificaron de “histórico” sobre el trasvase Tajo-Segura. Sobre el papel, todos parecían contentos, tanto el Ministerio de Agricultura —que dirigía entonces Miguel Arias Cañete— como los consejeros de las cinco autonomías (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia): Castilla-La Mancha, la comunidad donante, conseguía elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia lograban que la continuidad del trasvase tuviera rango de ley.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contestó que está “aplicando escrupulosamente” la normativa vigente que permite transferir agua entre las cuencas. Explicó que el umbral no trasvasable de los 400 hectómetros cúbicos que se pactó tiene un periodo de transición de cinco años, de forma que en 2015 el límite a partir del cual no se puede trasvasar es de 304 hectómetros e irá aumentando progresivamente.

Fuentes del Ejecutivo de Castilla-La Mancha criticaron el “doble engaño”: “Hicieron creer a la sociedad que los 400 hectómetros estaban garantizados y que eran suficientes para asegurar el buen estado del río”. En lugar de eso, según estas fuentes, la cabecera del Tajo es “un lodazal” y hay pueblos que se abastecen con cisternas.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, pidió en declaraciones a Efe que “no se juegue con el agua” y “no se utilice en campaña electoral con fines partidistas”. La consejera de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá, pidió “tranquilidad” y aseguró que la normativa permite seguir trasvasando agua a Levante.

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