Más vale morir en Líbano que en Madrid

Lo último que recuerda José Manuel Candón es a Bull, el sargento Raúl González, informándole: “Mi teniente, listo, nos vamos para arriba”. Se giró a la izquierda y, antes de que pudiera dar un paso, le engulló una bola de fuego. Sintió como si le arrollara un tren surgido de la nada. Hincó las rodillas en tierra. Estaba ciego y le pitaban los oídos. El chaleco antibalas, con sus placas metálicas, arrancado de cuajo. Le ardía la cara. Gritó: “¡Bull! ¡Bull! ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho?”, pero aunque el sargento le contestaba a gritos, él no podía oirle. Se contó instintivamente los dedos. El índice de la mano izquierda colgaba de un hilo. Se agarró la ingle. La sangre brotaba a borbotones, como si le hubieran dado una cornada. Empezó a tener mucho frío.

El 24 de febrero de 2011, la explosión de ocho minas contracarro C-3B y una carga HL-200, en total más de 55 kilos de TNT, en el campo de tiro de El Palancar, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), mató a los sargentos 1º Víctor Zamora y Sergio Valdepeñas, al sargento Mario Hernández, al cabo 1º Javier Muñoz y al cabo Miguel Ángel Díaz. Cadón y Bull sufrieron heridas gravísimas y el cabo 1º José Álvarez, menos graves. Tres de los cinco muertos pertenecían al Ejército de Tierra. Los otros dos y los tres heridos eran infantes de Marina, con base en San Fernando (Cádiz).

Habían llegado a Madrid en enero, para integrarse en la agrupación Libre Hidalgo XVI. Dormían en la base de El Goloso (Madrid), sede de la Brigada Mecanizada Guadarrama, que aportaba el grueso de las tropas que a finales de marzo o principios de abril partirían hacia Líbano. La fase de concentración, de varias semanas, servía para preparar la misión y cohesionar un contingente formado con elementos heterogéneos de distintas unidades.

Para el ejercicio del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDE), el teniente Candón había pedido artefactos similares a los presentes en el teatro de operaciones: dos proyectiles de artillería de 105 milímetros, dos granadas de 120 y minas. Las minas no le gustaron, ya que no tenían nada que ver con las que encontrarían en Líbano, de origen ruso o chino. Le dijeron que no se preocupara, ya que iría con ellos un equipo del batallón de zapadores del Ejército, que se ocuparía de explosionarlas. “Son más viejas que yo”, le comentó a Valdepeñas. Las minas estaban fabricadas en 1974, dos años antes de que él naciera.

En el polígono de tiro, el teniente eligió tres hornillos, en los vértices de un triángulo rectángulo. Los infantes de Marina acabaron de preparar sus proyectiles y granadas mientras el equipo de Tierra, dirigido por Valdepeñas, se ocupaba de las minas. Una vez dispuesto todo, se retirarían a un lugar seguro, excepto el encargado de cebar los explosivos y activarlos a distancia.

No pudieron hacerlo. Sin ser conscientes de que estaban cambiando su destino, el cabo Polo se alejó en busca de sacos terreros, mientras Zamora y Muñoz se acercaban para fotografiar cómo sus compañeros apilaban las minas bajo un trípode sobre el que colocar la carga, Entonces se desató el infierno.

La investigación no llegó a resultados concluyentes sobre las causas del accidente. Los expertos de la Guardia Civil apuntaron a un fallo del material: las minas estaban caducadas y una de ellas tenía espoleta. También sugirieron, como hipótesis menos probable, que en el lugar podía haber quedado olvidada alguna espoleta o munición activada procedente de ejercicios anteriores.

La titular del juzgado territorial militar número 11 prefirió, sin embargo, dar crédito a la versión de la comisión de investigación creada por el Ejército, según el cual la carga pudo escurrirse del trípode —el suelo estaba húmedo y desnivelado— e impactar contra la mina espoletada. Y ello a pesar de que la carga sólo pesaba 18,5 kilos y las minas eran anticarro. Es decir que, aunque hubiesen estado activadas, no deberían explotar con una presión inferior a 180 kilos.

La juez restó importancia al hecho de que las minas estuvieran caducadas, ya que el Ejército había prolongado su vida útil hasta marzo de 2011, unas semanas después del siniestro.

En consecuencia, dictaminó que “el fatídico accidente se debió a circunstancias completamente imprevisibles”, que “no hubo infracción” de las normas de seguridad, que “el material no tenía defecto alguno” ni se acreditó, “en lo más mínimo”, ningún comportamiento imprudente. Procedía archivar el caso.

Indemnizaciones

Agotada la vía penal, las familias de las víctimas reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, una indemnización. 

El instructor del expediente les dió la razón. Consideró que, aunque los militares deben afrontar “los riesgos inherentes a su profesión”, la muerte de cinco de ellos, en tiempo de paz y en territorio nacional, no puede considerarse como “un normal funcionamiento del servicio”. Se creó “una situación de riesgo objetivo” y procedía indemnizar.

Pero Defensa prefirió seguir el dictamen, no vinculante, del Consejo de Estado, según el cual, con lo reconocido hasta ahora a la familia de uno de los suboficiales fallecidos, ya “se ha producido la reparación integral de los daños causados”. ¿Y a cuánto asciende la reparación? No excesivamente pródiga: 22.750 euros del seguro y una pensión mensual de 662,26 a cada progenitor.

Si los cinco militares hubiesen muerto en Líbano, haciendo aquello para lo que se estaban entrenando, al menos sus familias habrían recibido, además del seguro y la pensión, una indemnización de 140.000 euros, en virtud de un decreto ley de 2004 que homologó a los militares muertos en el exterior con las víctimas del terrorismo. Morir siempre es mala suerte; en Hoyo de Manzanares, peor.