Los expertos evalúan la gestión de Rajoy

El Gobierno de Mariano Rajoy comenzó su legislatura aplicando una política económica dirigida a reducir los enormes desequilibrios que sufría la economía española: déficit público, desequilibrio exterior, cajas de ahorro a punto de quebrar, enorme stock de casas sin vender y crecimiento espectacular en el número de parados.

En los dos últimos años de esta legislatura y en mayor o menor grado estos desequilibrios se han ido corrigiendo: el déficit público que llegó a representar el 10% del PIB, se situará este año 2015 en el 4,4%. España goza ahora de superávit en su balanza de pagos. El sistema financiero está saneado. La economía lleva dos años creciendo y actualmente lo hace a un ritmo del 3,1% anual (hay que remontarse a 2007 para encontrar un crecimiento mayor); gracias a este crecimiento durante los dos últimos años se ha producido una reducción del desempleo de 1.130.000 personas.

Rafael Papillón es profesor del IE Business School y Universidad San Pablo-CEU

En la campaña de 2011 Rajoy prometió: crear empleo, no gastar lo que no se tiene y que hubiera crédito para las empresas y familias. Eliminado el efecto estacional hay 400.000 españoles menos trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y, según la EPA, hay 700.000 parados más que han perdido la prestación y han pasado a la pobreza severa.

El crédito a empresas y familias desde 2011 ha caído 300.000 millones de euros la mayor caída desde Isabel la Católica. Y la deuda pública ha superado la cifra psicológica del billón de euros y Rajoy se ha gastado 300.000 millones más de los que ha ingresado.

Mi nota, teniendo en cuenta estos tres criterios objetivos, es de 3 sobre 10.

José Carlos Díez es economista profesor de la universidad de Alcalá y autor del libro “La economía no da la felicidad pero ayuda a conseguirla”

La actuación en términos de política económica del Gobierno se ha desarrollado en un entorno de limitado margen de maniobra, iniciado desde antes del inicio de legislatura y marcado por las exigencias impuestas por Bruselas y la presión de los mercados. En cualquier caso, la implementación de la obediencia debida se ha realizado con un grado de eficiencia notable, similar a la de los gobiernos irlandés y portugués, y en claro contraste con otras economías periféricas, como Grecia.

Los peros se ciñen a dos ámbitos. El primero, la distribución temporal de los ajustes y su composición, demasiado sesgada hacia la reducción de inversiones en áreas clave para el crecimiento potencial, como es el caso de la I+D. En segundo lugar, el progresivo decaimiento en el ímpetu reformista de inicio de legislatura, a partir de mediados de 2013 y coincidiendo con la vuelta a la normalidad de las condiciones de financiación para el soberano y reducción de la fragmentación financiera.

José Manuel Amor es Socio-director de Análisis de AFI

La política exterior de casi todos los países europeos y de la propia Europa ha estado en niveles bajos, así que ningún país europeo sirve de buen ejemplo de política exterior. España no ha recuperado el peso en Europa que tenía hace unos años y eso se ha visto con el fracaso de la candidatura de Luis Guindos. No se ha caído, eso sí, en los errores de la época de Aznar en lo que respecta a las relaciones con Marruecos y Argelia, que han mejorado mucho, máxime ahora que ha aumentado el campo de preocupación: los desafíos ahora vienen de los vecinos de los vecinos, del Sagel y de lo que va y viene del Estado Islámico.

Con Estados Unidos la relación es buena, como lo demuestra el acuerdo de las bases, pero la importancia estratégica de España para Estados Unidos no se ve reflejada en las relaciones de alto nivel: no se ve una relación Obama-Rajoy.

Hay que tener en cuenta que estamos en una época más compleja, donde el número de problemas y actores complican una política exterior, que ha de desarrollarse no solo con Estados sino también con organizaciones, con movimientos e incluso con empresas. Si con Latinoamérica las relaciones son buenas, no sucede lo mismo con actores tan pujantes como los asiáticos. Respecto a la política de Seguridad la estrategia es muy parecida a la de la época de Zapatero. También puede concluirse que la fijación y el esfuerzo del presidente hacia la gestión de la crisis ha motivado que haya sido menor su atención a la política exterior, junto a la pérdida de peso de los países europeos.

Andrés Ortega es miembro del Consejo del European Council on Foreign Affairs, Senior Research Fellow del Real Instituto Elcano, patrono de la Fundación Ortega-Marañón y director del Observatorio de las Ideas.

Para ser justos habría que analizar la política exterior del Gobierno Rajoy en función de sus objetivos. Y en este sentido, si bien no eran muy ambiciosos, podría decirse que los ha cumplido. Citaría cinco objetivos: Uno: España se ha mantenido dentro de la eurozona, dentro de la vanguardia de países con cierto protagonismo.

Ha estado en los debates, aunque no al nivel, naturalmente, de Francia y Alemania. Dos, respecto de la marca España, ha habido una estrategia de marca país que, en general, ha mejorado la imagen de España. Como tercer aspecto, señalaría que el ministro Margallo ha conseguido aprobar una ley, como la del Régimen Jurídico de la Acción exterior, hecho que no ha sido posible con otros ministros de exteriores.

Le ha dado continuidad a la estrategia de seguridad que aprobó el Gobierno de Zapatero y como quinto aspecto señalaría el éxito tangible de la entrada de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entre los aspectos negativos, estaría la reducción de la proyección española en áreas importantes como la cooperación, en la retirada de las misiones militares, donde hemos tenido un perfil bajo, así como en la promoción internacional de nuestra cultura y nuestra ciencia. Estas reducciones han estado motivadas por una política de recortes, en algún caso (la retirada de misiones militares) ha estado exenta de polémica por razones obvias y en otras (la de cooperación) se ha hecho con cierta falta de sensibilidad.

Ignacio Molina es experto del Instituto Juan Sebastián Elcano.

Hemos sufrido hasta hace poco las consecuencias de una ministra con un perfil bastante bajo y un ministerio sin ningún perfil. Se ha producido un recorte en los últimos años de más de 5.300 millones de euros, de los cuales más del 30% corresponden a recortes del Gobierno Central. Eso ha terminado arruinando a las Comunidades Autonónomas, que eran las que tenían que prestar los servicios.

Desde el decreto de 2012 se ha producido una auténtica demolición en dependencia. Las comunidades cada vez reciben menos y hemos alcanzado un umbral mínimo. También ha habido recortes en otras partidas, que tienen otros efectos: o bien se han recortado o se han congelado. La red local se ha hecho cada vez más débil y muchos Ayuntamientos han terminado eliminando esos servicios, que era una de las señas de identidad de la política local desde finales de los 70, que existían antes de que aparecieran las comunidades autónomas.Se ha generado una inseguridad y ya veremos qué pasa con estas comunidades cuando, a partir de enero, tengan que absorber las competencias locales en estas materias.

Por otra parte, este desmantelamiento ha impedido un desarrollo de los servicios sociales en España. Hay 6,1 millones de personas en situación de pobreza, medidas con respecto al umbral de 2008. Y diría que si el Gobierno no ha usado el corazón, al menos que usara la calculadora: cada millón de euros en servicios sociales genera entre 26 y 42 empleos directos, que no son deslocalizables, que podrían haber generado una dinamización económica. El problema es que una pobreza prolongada produce una exclusión social. Ese es el estado social de la nación.

Gustaco García Herrero es Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

El modelo de sociedad que hemos estado construyendo durante los años de bonanza no llegaba a los más pobres. Ese modelo cae durante los años de la crisis, pero tampoco hay un replanteamiento. Podríamos haber aprovechado para repensar las estructuras y establecer otros pilares, pero no se ha hecho. Estamos ante una sociedad dualizada. Las personas con mayor vulnerabilidad no tienen acceso a los servicios sociales, a la educación y a la sanidad. Hemos creado otro modelo que hace a los pobres, todavía más pobres.

Ninguna de las reformas ha priorizado a los más necesitados en una época de crisis. En materia de inmigración y de cooperación con el desarrollo, España no ha ejercido un liderazgo entre los países del Sur. No hemos querido ser bandera de ciertos valores, como el de la solidaridad, y así ha quedado demostrado en el papel que hemos desarrollado en las políticas europeas de inmigración. En el lado positivo, destacaría que se haya tramitado la ley del voluntariado y la ley del tercer sector, que ahora se encuentran en el Senado.

Ana Abril es Coordinadora de Incidencias de Cáritas española.

Lo primero que habría que decir es que cumplir la Constitución y cumplir con las leyes es lo propio de una sociedad civilizada. No es una alternativa. Es lo primero que debe exigir un Gobierno. Y este Gobierno lo ha hecho, lo está haciendo y anuncia que lo hará. Eso es un elemento positivo. En la medida en que, desde el nacionalismo, no se plantea otra cosa, no hay lugar a una negociación en otro contexto, como por ejemplo en la financiación. El Gobierno no ha tenido la opción de plantear otras alternativas.

¿Qué puede ocurrir? Los ciudadanos dirán. Parece que las opciones independentistas pierden terreno, pero sin duda habrá un escenario nuevo. No hay que cerrarse al debate y a la negociación, pero siempre desde el respeto a las leyes. Porque el simulacro de referéndum fue la prueba última de que no se estaba en disposición de hacer otros planteamientos. Me gusta el actual modelo autonómico, que responde a la unidad, la pluralidad y la solidaridad. La expresión federal me resulta ambigua: hay demasiadas en el mundo y quienes la defienden no concretan. En cuanto al derecho a decidir no está en la constitución. Otra cosa es, si se cambia. La sociedad catalana es dinámica y compleja, pero los catalanes saben que ni la Unión Europea ni las organizaciones internacionales admiten ese tipo de planteamientos unilaterales.

Benigno Pendás es director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Desde luego, la legislatura de Rajoy no ha contribuido a mejorar el problema de Cataluña. Debería haber sido un presidente más activo y reactivo. Si había alguna posibilidad de acercar posturas, no lo ha hecho posible. Con la ley en la mano, no estaba reconocido el derecho a la independencia, pero había una posibilidad de modificar la constitución, porque los principios legalistas no son suficientes. Hay que hacer política. Se ha producido una gestión torpe de un problema muy difícil.

Francisco Rubio Llorente es exvicepreisdente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado.