El bloque del PP se une para mandar en la sala estratégica del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto elegir hoy al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que dirime los pleitos que afectan al Gobierno. El primer mandato del actual presidente, José Manuel Sieira, termina en los próximos meses; y, aunque se ha presentado a la reelección, todo apunta a que será la primera vez en la historia del tribunal que no es renonado un presidente de sala que aspira a repetir mandato. Su sustituto, previsiblemente, será el conservador Luis Díez-Picazo Giménez.

En las sedes del Supremo y del Poder Judicial, ubicadas una enfrente de la otra en la calle del Marqués de la Ensenada de Madrid, se han disparado en las últimas semanas las especulaciones sobre las presiones que supuestamente está ejerciendo el presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes, sobre los vocales del Poder Judicial para que impidan la renovación de Sieira, un magistrado de 68 años, con 21 de experiencia en el Supremo y considerado un independiente con cierto barniz progresista. Su principal rival es el magistrado Díez-Picazo, catedrático de Derecho Constitucional de 57 años, considerado conservador y que llegó al Supremo en 2008 por el quinto turno (juristas de reconocida competencia que ingresan en el alto tribunal al margen de la carrera judicial).

La elección corresponde al pleno del Poder Judicial, formado por 20 vocales más el presidente y donde los conservadores tienen mayoría (12 de sus miembros llegaron al cargo a propuesta del PP). Los vocales críticos, que apoyaran en su mayoría la reelección de Sieira, advierten de que, si Lesmes impone su criterio, habrá conseguido que haya un magistrado conservador al frente de todas las salas. La presidencia de la Sala Tercera, que se ocupa de los asuntos de lo Contencioso-Administrativo, es considerada en el Supremo casi como un asunto de Estado. En ella se resuelven los litigios que las Comunidades Autónomas, los grupos políticos o cualquier empresa o ciudadano presente contra el Gobierno.

Sobre la mesa tiene ahora, entre otros, todos los recursos contra la reforma energética y a ella llegan también los pleitos por licencias de televisión, las sanciones de Competencia o los indultos. Uno de ellos, el del conocido como kamikaze de Valencia (el hombre condenado a 13 años de prisión por matar a un joven tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria), provocó en 2014, según algunas fuentes, la rivalidad entre Lesmes y Sieira. El actual presidente del Supremo fue el encargado de la ponencia que defendía el indulto otorgado por el Gobierno y Sieira, que ya presidía la sala de lo Contencioso, decidió que la decisisón la tomara el pleno de la Sala, que tras tres días de deliberaciones rechazó los argumentos de Lesmes y anuló la medida de gracia.

Pero además de los asuntos que implican al Gobierno, la relevancia de esta sala se explica también porque en ella se dirimen los recursos que se presentan contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial. En los últimos meses, ha admitido a trámite tres recursos contra acuerdos importantes del Consejo y su resolución definitiva se tomará ya bajo el mandato del nuevo presidente.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales (todas salvo la conservadora APM), emitieron ayer un comunicado en el que critican que Lesmes quiere “inmiscuirse en las decisiones de los tribunales a través de la política de nombramientos”. El texto, firmado por la asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, alude a “las supuestas presiones” que han sufrido los vocales para la votación de hoy. “Esperamos que en modo alguno se ceda a la tentación de promover a candidatos que puedan ser más cómodos para el poder político o para el órgano de gobierno de los jueces”, concluyen las asociaciones.