Catalá avisa a los independentistas de que hay cauces para frenar la secesión

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que existen procedimientos "suficientes" para frenar una eventual declaración de independencia de Cataluña y ha subrayado que todos los gobiernos tienen el "mandato constitucional" de "respetar las leyes".

Catalá se ha pronunciado así minutos antes de inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense titulado "Justicia en el mundo globalizado", y ha reiterado que "en España funcionan todos los instrumentos" para garantizar que ciudadanos y ejecutivos están "sometidos a la ley".

En concreto, ha destacado que "el control judicial de la acción de gobierno es una realidad cotidiana" y que, por ello, tanto el Ejecutivo central "como cualquier otro agente institucional" pueden recurrir a tribunales ordinarios o al Tribunal Constitucional para "garantizar el cumplimiento de las leyes".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que "cada día, el Gobierno y las comunidades autónomas recurren ante el Tribunal Constitucional" y que ese es el "normal desarrollo" del "marco de relaciones entre todas las instituciones", de acuerdo con las existentes "reglas del juego".

En esa línea, el ministro se ha mostrado "convencido de que el Estado de Derecho cuenta con las herramientas suficientes" para hacer frente a una situación en la que "algún Gobierno" pueda llegar a incumplir el citado mandato "en algún momento".

A juicio de Catalá, esas herramientas pasarían por los "instrumentos de garantías de libertades y derechos" y por recursos ante el "Poder Judicial independiente" del que disfruta España, y no por otras vías, como una hipotética aplicación de la futura Ley de Seguridad Nacional.

Preguntado por esta norma y por si podría emplearse para hacer frente a una eventual secesión de Cataluña, ha dicho que ese texto, actualmente en trámite y que "será aprobado en los próximos meses", tiene un propósito bien diferente.

Ha precisado que la ley está diseñada para hacer frente a problemas de "seguridad nacional" y no para gestionar "discrepancias" entre Gobierno central y autonomías, por lo que "no es necesario especular" con la búsqueda de "soluciones" en el ámbito de su aplicación.