Encarcelado un oficial por amenazar e injuriar a la cúpula de la Armada

El teniente de navío niega ser el autor del WhatsApp y los comentarios en Facebook

Desde el 2 de julio, el teniente de navío A. D. R. P. está en prisión preventiva en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid). El oficial, a quien una marinero acusó de abuso sexual el 31 de diciembre de 2013 en el destacamento del islote de Alborán, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión. Pero su encarcelamiento no tiene nada que ver con ese hecho, sino con una serie de mensajes en las redes sociales (Facebook) y con un WhatsApp en los que supuestamente injuriaba y amenazaba de muerte a altos mandos militares y a sus familias, lo que ha encendido la alarma en la cúpula de la Armada.

El detonante del encarcelamiento del teniente de navío fue un WhatsApp recibido el pasado 30 de junio por una empleada de la Escuela de Suboficiales de la Armada: “Avisa a tus amigas que el responsable de lo que pueda ocurrir en grumete ROTA es Ruesta que es el que me ha llevado a esta situación. Si él deja a mi familia sin padre yo dejo a padres sin hijos. Responsabilizad a Ruesta. PASALO. El que avisa no es traidor”. Grumete Rota es una escuela infantil a la que asisten hijos de militares destinados en la provincia de Cádiz y Ruesta es el almirante jefe del Mando de Personal de la Armada.

La titular del juzgado togado militar número 12 no se tomó a la ligera el mensaje y ordenó la detención inmediata del oficial y el registro de su domicilio, donde se incautó de su ordenador y su móvil, desde el que presuntamente se envió el WhatsApp.

Ya a finales de mayo, el juzgado militar había abierto diligencias tras recibir un informe del Gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Armada en el que se denunciaban unos comentarios colgados supuestamente por A. D. R. P. en la página del Colegio de Huérfanos de la Armada en Facebook. Dichos comentarios, según el informe, tenían un “tono claramente insultante y amenazador contra distintas autoridades de la Armada”, a las que se refería con apodos como Cara de limón o Zipi y Zape.

Comentarios en redes sociales

“1 mes de prisión por prevaricación = 1 ataúd blanco. El Estado Islámico van a ser angelitos a mi lado. Ojo conmigo... y luego ponerle los ataúdes a José Antonio Ruesta en la puerta de su casa o en casa de su hermano que os coge más cerca”.

“Algún día dejarán de llevar escolta y coche oficial y me las pagarán todas juntas”.

“Ahora aviso a navegantes, yo no le he puesto la mano encima a la marinero, lo sabe cara de limón, lo saben los jueces de instrucción y el fiscal. Ojo con que me caiga algo... voy a ir a por los más débiles...”.

“Mucho CHA [Colegio de Huérfanos de la Armada] y luego la Armada se pone del lado de una barriobajera de Jerez mentirosa que solo quiere una pensión y es capaz de inventarse un intento de violación”.

“Lo que no ha calculado el cara de limón es que los escoltas los lleva él y solo él. Cara de limón tiene sobrinos y sobrinos nietos tan inocentes como yo en El Puerto. Más le vale que yo no pague por delito no cometido porque en el interín de la condena y el ingreso en Alcalá el asfalto se va a teñir de rojo”.

“Lo que no ha calculado el Cara de limón es que los escoltas los lleva él y solo él. Cara de limón tiene sobrinos y sobrinos nietos tan inocentes como yo en el Puerto. Más le vale que yo no pague por delito no cometido porque en el interín de la condena y el ingreso en Alcalá el asfalto se va a teñir de rojo”, decía un mensaje. Y otro: “Agosta Zape... que tu amigo Zipi, el de Bueu profundo, se va a quedar viudo”.

Según el informe confidencial de la Armada, la persona a la que se refería como Cara de limón o Zipi era José Antonio Ruesta, mientras Zape sería el almirante jefe de la Flota, Santiago Bolibar. Advertía, además, de que un hermano del jefe de Personal de la Armada vivía a menos de 50 metros del teniente de navío y pedía la adopción de “medidas cautelares”, como la retirada del arma, contra él.

¿Por qué se tomó tan en serio la cúpula de la Armada unos comentarios cuya autoría no estaba acreditada? y, sobre todo, ¿por qué creía que un oficial de carrera pudiera ser capaz de poner en práctica tales amenazas?

El pasado 1 de febrero, A. D. R. P. protagonizó un sonoro altercado en la capilla de la base naval de Rota (Cádiz). Según varios testigos, mientras se celebraba la misa, el oficial empezó a hacer comentarios insultantes y blasfemos en voz alta. Ya en el exterior, la emprendió a golpes contra las paredes y ventanas de la capilla hasta que se lo llevó el servicio de seguridad de la base. “Cagarse en Dios no es un delito”, espetó a los agentes.

Dos días antes, había sido informado de que iba a ser suspendido de funciones, una medida que la ley permite adoptar al ministro de Defensa cuando un militar es imputado. La noticia le cayó como un mazazo. Hasta ese momento, nada le hacía presagiar que los mandos de la Armada le darían la espalda. Aunque estaba acusado de abuso sexual, no se había tomado ninguna medida contra él en los 13 meses transcurridos desde la denuncia e incluso se le había adjudicado un destino, del que ahora se veía abruptamente cesado.

A. D. R. P. asegura no recordar lo sucedido en la capilla y alega que, tras ingerir gran cantidad de tranquilizantes, acabó ingresado en el hospital de Jerez.

El teniente de navío fue objeto de un expediente disciplinario por falta grave y ha sido precisamente la coincidencia entre las alegaciones que presentó entonces y algunos comentarios colgados en su perfil de Facebook lo que ha llevado a la juez a atribuirle la autoría de los mensajes injuriosos y amenazantes.

Según el informe psiquiátrico aportado a la causa, A. D. R. P. sufre un trastorno de personalidad que “se caracteriza por presentar de forma recurrente episodios de enfado extremo, ira descontrolada y agresión impulsiva”, por lo que está en tratamiento al menos desde diciembre de 2013; es decir, antes del incidente de Alborán. Ello no impidió que se le encomendara el mando de un destacamento aislado y que, tras el supuesto intento de agresión sexual, denunciante y denunciado fueran evacuados juntos en el mismo helicóptero.

El delito por el que ahora ha sido encarcelado a petición del fiscal —insulto o amenaza a superior— se castiga como máximo con dos años de cárcel y es mucho menos grave que el de abuso de autoridad con trato degradante a inferior, por el que no se tomó ninguna medida cautelar. El defensor del oficial, Antonio Suárez-Valdés, ha pedido su libertad alegando que el delito —que compara con los tuits del concejal madrileño Guillermo Zapata— es “de una gravedad absolutamente nimia” y no corresponde a la jurisdicción militar, que no hay pruebas de su autoría y que mantener en prisión a “un enfermo mental en tratamiento” puede provocarle “reacciones imprevisibles”.

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