Fianza de 100.000 euros para el sucesor de Granados en Valdemoro

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 100.000 euros para el exalcalde de Valdemoro (Madrid) y exdiputado autonómico del PP José Miguel Moreno por el caso Púnica. Moreno, sucesor en la alcaldía de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y uno de los cabecillas de la trama corrupta, deberá depositar la cantidad antes del próximo jueves 16 de julio si quiere evitar su ingreso en prisión.

El magistrado instructor le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y, en caso de que consiga reunir la fianza, le impone comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio. La causa sobre este político, que ha declarado este viernes como imputado, permanece bajo secreto de sumario.

Moreno sustituyó a Granados como alcalde de Valdemoro en diciembre de 2003 y permaneció en el cargo hasta junio de 2011. En esta localidad, considerada epicentro de la trama corrupta, impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Antes de acceder a la alcaldía dirigió las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde de Granados.

En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la Alcaldía de Valdemoro y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, le incluyó en la lista de la formación a la Asamblea, donde permaneció como diputado durante la pasada legislatura.

En el caso Púnica se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y su amigo David Marjaliza, constructor y empresario, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

Moreno es el tercer cargo político de Valdemoro que declara como imputado en la trama corrupta. Su sucesor, y cuñado de Granados, José Carlos Boza Lechuga, ingresó en prisión al estallar el caso en octubre pasado y salió de la cárcel en diciembre tras depositar una fianza de 25.000 euros. Según el juez Velasco, el exalcalde Boza "favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a David Marjaliza y otros empresarios" mediante "adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la Administración a los intereses particulares".