La Audiencia Nacional investigará a ETA por delitos de lesa humanidad
El juez Juan Pablo González sostiene que la banda terrorista realizó un “ataque sistemático” contra población civil para “eliminar” y “expulsar” de Euskadi a la población no nacionalista
La Audiencia Nacional investigará por delitos de lesa humanidad a los miembros de la cúpula de ETA a partir de 1 de octubre de 2004. El juez Juan Pablo González considera en un auto conocido este viernes que en los crímenes de la banda terrorista forman parte de "un ataque sistemático contra una parte de la población civil", en el que hubo colectivos "perseguidos por razones políticas e ideológicas". La organización, considera el magistrado, buscaba la "eliminación o expulsión del territorio" de quien consideraba sus enemigos políticos "mediante la coacción o el terror".
El magistrado admite a trámite parcialmente las querellas de Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y víctimas particulares, y pide a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que le envíen un informe sobre las causas abiertas de asesinato y secuestro de la banda terrorista desde octubre de 2004, año en el que se introduce en el Código Penal español el delito de lesa humanidad. Al no estar tipificado en la norma penal española este tipo delictivo, la investigación "únicamente puede ser aplicable a los hechos cometidos con posterioridad a esa fecha". La pena máxima por delito de lesa humanidad es de 30 años de prisión.
Las querellas de las organizaciones de víctimas pedían también la apertura de una investigación por delito de genocidio. El juez descarta este delito al entender que este protege a grupos de diferente "nacionalidad, etnia, raza o religión", y no considera a los grupos políticos e ideológicos. "En el caso que nos ocupa no es posible identificar el grupo formado por las víctimas de los hechos como grupo nacional, pues sus integrantes comparten la nacionalidad con el grupo de los autores, lo que impide que se tome como elemento identificativo y distintivo".
"Los diferentes colectivos de víctimas de ETA no pueden ser considerados grupo nacional o de parte de un grupo nacional, pues en el País Vasco víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros", afirma el juez González.
El juez indica que si bien la actividad terrorista de ETA tiene desde sus orígenes una finalidad política, constituyendo un sistema de persecución política de los discrepantes "que aparecen ante sus ojos como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos", entre sus víctimas hay militares y miembros de las fuerzas de seguridad, así como cargos políticos, también hay personas, aunque en menor medida, próximas al nacionalismo vasco, "lo que pone de manifiesto que la persecución es fundamentalmente de orden político e ideológico".
Desde 2004, las sucesivas cúpulas terroristas estuvieron encabezadas por Mikel Albizu, Mikel Antza, número uno de la banda, que fue detenido junto a su compañera sentimental, Soledad Iparagirre, Anboto, otra histórica de la organización en octubre de ese año. Antza es el dirigente que más tiempo ha estado en la cúpula de la organización terrorista, desde que asumiera la dirección política en 1993 tras la caída de Bidart.
Tras el arresto de Antza, José Antonio Urritikoetxea, Josu Ternera, le sustituyó al frente del aparato político de la banda, cargo que después ocupó el fallecido Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerado el número uno del aparato militar y político de la organización terrorista, detenido en Francia el 20 de mayo de 2008. Le sucedió Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, se hizo cargo del aparto militar. Fue detenido el 17 de noviembre de 2008. El trabajo policial y la colaboración con Francia permitieron la captura en apenas seis meses de los nuevos jefes militares: Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegi, sucesores de Txeroki, caían el 8 de diciembre de 2008 y el 18 de abril de 2009.
Durante los años que abarca esta nueva causa, ETA perpetró 12 asesinatos. El primero fue el coche bomba contra la terminal T4 del aeropuerto de Madrid, en el que murieron dos personas —Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio—. El último, el 16 de marzo de 2011, se cobró la vida del gendarme francés Jean Serge Nérin.
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