Un centenar de catedráticos pide que el Código Penal incluya el crimen contra la humanidad
El Grupo de Política Criminal, compuesto por más de un centenar de catedráticos de Derecho Penal y de jueces de marcado carácter progresista, aprobó el pasado fin de semana en la Universidad del País Vasco (UPV) en Bilbao varios documentos en los que se exige al Gobierno la modificación de los Códigos Penales civil y militar y la Ley Orgánica del Poder Judicial para adecuarse al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Por ejemplo, se exige la incorporación al Código Penal de la categoría de crimen contra la humanidad, incluida la 'actuación contra grupos políticos'.
También se pide la inclusión de la 'imprescriptibilidad' de los crímenes contra este tipo de delitos, así como regular la responsabilidad penal de políticos o militares que hayan participado no como ejecutores materiales, sino como organizadores, o por no haberlos impedido.
Esta corte trasnacional con vocación de permanencia aunque aún embrionaria -sólo 32 Estados han ratificado su estatuto hasta el pasado 31 de mayo y no entrará en vigor hasta que lo ratifiquen 60- pretende acabar con la impunidad de los delitos de lesa humanidad y de genocidio en cualquier parte del mundo. España ratificó el Estatuto de Roma en octubre pasado, pero el Ejecutivo no ha enviado al Congreso las modificaciones pertinentes para adecuar el ordenamiento jurídico español al articulado del Estatuto de Roma.
Más de una treintena de jueces y catedráticos de Derecho Penal de numerosas universidades españolas, reunidos el fin de semana en Bilbao y coordinados por la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Aran dieron luz verde a tres documentos. En el primero se enumera una serie de propuestas para modificar el propio Estatuto de Roma en asuntos como la potestad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de suspender la jurisdicción de este tribunal, el hecho de que las víctimas no puedan denunciar directamente ante el tribunal o el establecimiento de la cadena perpetua.
El tercer documento repasa los artículos a modificar en los Códigos Penales civil y militar en vigor.
