Vigo tendrá las mismas camas tras abrir un hospital de 1.400 millones

La última vez que Alberto Núñez Feijóo comprometió su palabra con las 1.450 camas que debería tener el nuevo hospital de Vigo fue el pasado 14 de mayo, en plena campaña de las municipales. No era una promesa menor, sino un asunto central en el debate sobre la gran obra de su mandato, en la que aplicó las tesis de colaboración público-privada que él mismo, presidente del Insalud en tiempos de Aznar, exportó a tantos gobiernos del PP. Pasadas las elecciones, la palabra del presidente de la Xunta se ha llenado de matices, si no de una perfecta rectificación: el hospital abrirá con solo 845, pasando a convertirse las 1.450 comprometidas en un objetivo difuso sin plazos concretos. Las nuevas camas y las de los centros antiguos que seguirán abiertas en Vigo suponen apenas ocho plazas más que las que había hasta la fecha.

"En la mayor ciudad de Galicia, con un área sanitaria de más de medio millón de personas, el nuevo hospital se esperaba como la solución a sus endémicos problemas con las listas de espera, las más abultadas con diferencia de la comunidad autónoma. Las grandes obsesiones de Feijóo durante sus siete años de Gobierno para con su proyecto estrella consistieron en convencer a los vigueses de que ni el hospital sería privado, como denuncian la oposición y colectivos sanitarios de toda Galicia, ni bajaría una sola de las 1.450 camas prometidas. Ambas promesas quedan en entredicho, y han convertido lo que debería ser un tanto político, la apertura de un gran centro hospitalario, en un calvario para el Gobierno gallego.

"Del carácter privado o semiprivado había pocas dudas. Era la palabra de la Xunta contra la realidad de una obra repleta de sobresaltos que ha sido financiada y construida por la empresa concesionaria, por lo que el Gobierno gallego no había abonado ni un solo euro de sus presupuestos hasta este 2015. Es ahora, llave en mano, cuando comienza a satisfacer un canon al conglomerado de compañías que explotarán sus servicios no sanitarios, entre las que, junto a Acciona, figuraban entre otras exparticipadas por la quebrada CAM y Bancaja.

A razón de 72 millones de euros durante un período de 20 años, la Xunta acabará pagando 1.432 millones de euros, 1.000 millones más de lo que hubiese costado de no haber paralizado Feijóo el modelo tal y como lo tenía encauzado el anterior Gobierno bipartito. "Al igual que el PP en Madrid y en otras comunidades donde gobierna, la Xunta siempre ha rechazado que se pueda calificar de otra forma que de público al hospital, toda vez que los servicios sanitarios serán prestados por el sistema gallego de Salud, el Sergas.

Eso sí, el que pretendía ser el paradigma de la eficacia gestora de Feijóo, la demostración de que para levantar infraestructuras sanitarias públicas en poco tiempo hay que encomendarse a la financiación privada, se ha construido entre quiebras de empresas, paralizaciones de varios meses –apenas disimuladas con el envío de retenes de tres o cuatro obreros–, constantes aplazamientos de la fecha de inauguración, serias objeciones del Banco Europeo de Inversiones, ceses, dimisiones y protestas. "El otro gran debate, el del número de camas, se ha resuelto solo después de las elecciones municipales, en las que el PP de Feijóo recibió un severo castigo en Vigo, con la pérdida de casi la mitad de sus concejales. Y ahí, entre la opacidad de los planes de la concesionaria, que redimensionó a la baja el hospital sin contar con los servicios médicos, y pese a la solemnidad con que el presidente y sus sucesivas consejeras de Sanidad prometieron las 1.450 camas, la Xunta ha acabado admitiendo lo que antes consideraba una difamación. Eso sí, entre encendidas defensas de las dimensiones de la nueva infraestructura sanitaria.

"Decir que la situación no mejora es casi sonrojante, es no comprender absolutamente nada”, se defendió esta semana el gerente del complejo hospitalario vigués, Félix Rubial. "El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, que acaba de lograr una histórica mayoría absoluta, no ha dejado nunca de denunciar lo que considera una privatización sanitaria. Y sobre las camas, apenas ha dudado: “La Xunta nos ha engañado de manera continua”.

“Es la mayor catástrofe sanitaria para esta ciudad, con la mitad de camas, sin laboratorio, un área reducida en 300.000 personas y además con la sospecha de cierre del Nicolás Peña”, ha denunciado Caballero. Porque entre las decisiones de la Xunta de Feijóo de los últimos meses se encuentra la reducción de buena parte del área sanitaria para diversas especialidades, con la consiguiente pérdida de masa crítica y presupuestos, y una abrupta reducción de camas durante el período de verano que hace temer incluso la clausura parcial, si no completa, de otros hospitales del complejo público vigués a la vuelta de las vacaciones.

"Claro que en Vigo, el debate sobre la privatización sanitaria viene de lejos, ya que, para mayor indignación de las plataformas de defensa de la sanidad pública, la Xunta mantiene desde los años noventa un peculiar concierto instaurado por Manuel Fraga con un hospital privado, Povisa, para que atienda a 140.000 de sus habitantes. Se esperaba que el nuevo hospital acabase con esa anomalía, pero las esperanzas se desvanecieron el año pasado, cuando Feijóo renovó el concierto por una década a un precio de 75 millones de euros por año.