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EP Firmas BLOGS Por ERNESTO EKAIZER

Viera y el Supremo como mal menor

Viera y el Supremo como mal menor

El juez Alberto Jorge Barreiro no puede ser más elocuente: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías han tenido una “participación activa” en un esquema fraudulento de subvenciones a sabiendas. Era, sostiene, “el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno”.

El escrito parte de una cifra de 854,8 millones de euros canalizados, pero aclara que, una parte ha sido legal y otra ilegal, aun cuando no se puede cuantificar.

No les imputa a los dirigentes de la Junta de Andalucía por llevarse dinero ni por fallar in vigilando ni por autoría mediata: les imputa por lanzar y mantener durante diez años un sistema de subvenciones disfrazado de transferencias de financiación para eludir controles y beneficiar a terceros.

Aunque no define quién es el autor intelectual, por así decir, del tinglado iniciado en el año 2000 y vigente hasta 2010, el que ha ideado el esquema, según el magistrado, es el maestro. Mientras a Chaves, Griñán, y Zarrías les imputa un presunto delito de prevaricación administrativa, a José Antonio Viera le atribuye la citada prevaricación pero, también, un presunto delito de malversación de caudales públicos.

 Alberto Jorge Barreiro se refiere a Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, cuando fue sustituido por Griñán, en varias ocasiones y recuerda que durante su declaración se amparó en su “desconocimiento de las distintas materias dada su condición de maestro”.

 Pues, el maestro es quien, según el relato, creó un sistema que, a diferencia de lo que pasa con el huevo de la serpiente, ya en su gestación podía anticiparse, a través de la cáscara de las “transferencias de financiación”, su carácter presuntamente ilegal.

 La exposición es devastadora y refuerza la investigación, confirmando los elementos indiciarios presentados en el verano de 2014, de la juez instructora Mercedes Alaya. No hay en el relato de los hechos ningún resquicio. Todo tiene, según la versión provisional e indiciaria del magistrado, los rasgos de una conspiración para prevaricar (el magistrado da esto a entender cuando habla de "coautoría"). Cada personaje parece encajar en el puzle.

Los imputados han hecho saber enseguida que dejarán sus escaños. Menos Viera. La exposición razonada que pide los suplicatorios no admite recurso pero los afectados pueden presentar alegaciones ante la sala de admisión. Es esta quien tendrá que asumir o no la propuesta del magistrado.

Pero da la impresión de que casi todos los aforados o no confían en derrotar su propuesta o simplemente renuncian por imperativo político, léase los pactos que llevaron a la investidura de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Con todo, ese imperativo podía aplicarse una vez que la sala de admisión resuelva la propuesta del juez Alberto Jorge Barreiro. 

 El magistrado ha dedicado un auto a Griñán precisamente porque no hay suplicatorio que pedir, habida cuenta de que ya no es aforado. Por tanto, es una resolución recurrible. Mientras las alegaciones deben dirigirse a la sala de admisión, que preside Manuel Marchena, el recurso contra el auto debe ir a la sala de recursos, presidida por Julián Sánchez Melgar.

 En el auto de imputación de Griñán, el magistrado Jorge Barreiro deja constancia de la situación kafkiana que tiene lugar en el plano procesal.

 Hombre contrario a los aforamientos, el magistrado señala que “en el caso que decidieran renunciar al escaño todos los aforados este instructor habría estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo tribunal podría dejar perfectamente sin efecto las resoluciones procesales este instructor y la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, tribunal que además quedaría contaminado en un número muy importante de componentes en el caso de que la causa regrese en su día a su conocimiento a través de un recurso de casación. Las disfunciones e incoherencias resultan, pues, evidentes”.

Claro que si Viera mantiene su escaño, como ha anunciado, la causa seguirá instruyéndose en el Tribunal Supremo. La defensa del "maestro" podría, empero, alegar ante la sala de admisión y una vez que ésta resuelva Viera podría reconsiderar. Si como parece previsible la sala acoge favorablemente la propuesta al Congreso de los Diputados de enviar el suplicatorio para quitar el fuero de los diputados, Viera podría entregar en ese momento su escaño.

También podría ser que Viera y sus letrados hayan decidido escoger el mal menor. Es decir: entre la instrucción en el Tribunal Supremo y la de la juez Alaya, ahora que la magistrada vuelve a instruir la causa en el juzgado número 6 de Sevilla.

El problema de contaminación de los magistrados - es decir el número importante de ellos en la Sala Segunda que debería pronunciarse, si se presentan, sobre alegaciones y recursos - que plantea el magistrado es real. Pero si la causa sale del Supremo caso de que Viera finalmente así lo resuelva y se termina de instruir en Sevilla habrá que celebrar el juicio oral. Al ritmo que lleva la justicia española, Alberto Jorge Barreiro puede estar tranquilo: la mayoría de los magistrados que han tenido algo que ver con la causa en el Supremo ya se habrán acogido a la jubilación cuando los eventuales condenados presenten sus recursos de casación. 

Comentarios

Lúcido artículo, aunque por un avez me resulta difícil coincidir con su opinión, Sr. Ekaizer. El problema de fondo es que la tesis del magistrado (además de tener poco soporte jurídico y basarse en una descripcion de procesos en vez de en pruebas concretas y reales) es que deja fuera de la ley cualquier forma de usar dinero público que no se haga por el procedimiento regular de concesión de subvenciones. O sea, cualquier transferencia de dinero a empresas públicas, autonómicas, locales, etc. es ilegal de raiz. Las Empresas Municipales de la Vivienda, o las empresas de gestión de agua, de explotación de fincas o monumentos, a la SEPI, etc. cualquier transferencia de fondos a cualquiera de ellas. Ÿ cualquiera que haya intervenido en una, un delincuente. Aunquue como dice el juez en su auto, no haya evidencia alguna de que conociera o participara en la disposicion de fondos. Y cualquiera es cualquiera: Si el procedimiento es ilegal y los que lo han diseñado son delincuentes, ¿por qué no procesar a todo el parlamento andaluz, que lo asumió? ¿No deberían ir a la cárcel todos los funcionarios públicos que han tenido relación con la "conspiración"? Espero por el bien de todos que la tesis no funcione..Las quejas por las disfunciones provocadas pro el aforamiento tampoco me parecen muy certeras. Basta con que ningún magistrado investigue a un aforado, que es lo que dice la ley para que desparezcan. Ni actuaciones previas ni preimputaciones ni trucos zafios de los del repertorio de Alaya.