Los parlamentarios inculpados dejan su escaño y su caso vuelve a Sevilla

El Supremo no juzgará a Griñán, Chaves, Viera y Zarrías porque tras perder el fuero su causa será instruida por el juzgado donde se inició todo el proceso

Alaya a su salida del Tribunal de Justicia de Andalucía.
Alaya a su salida del Tribunal de Justicia de Andalucía.M. A. Molina (EFE)

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso del fraude de los ERE, ha redactado una exposición razonada en la que detalla todos los indicios de prevaricación que ha encontrado en la política de ayudas laborales que aplicaron dos presidentes andaluces -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y dos consejeros autonómicos (Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) entre 2000 y 2010. El escrito que firma Barreiro, de 130 folios, supone casi una condena política definitiva de los expresidentes socialistas José Antonio Griñan y Manuel Chaves, aunque el caso todavía no se ha juzgado.

Alberto Jorge Barreiro pide a la sala de admisión del Tribunal Supremo que solicite el suplicatorio a las Cortes para poder juzgar a los aforados. No hará falta cumplir con ese trámite. Ninguno de los cuatro inculpados mantendrá su acta de parlamentario después de leer las conclusiones del magistrado sobre su actuación supuestamente delictiva. Perdido el privilegio judicial del fuero, su caso vuelve al juzgado de Sevilla del que salió.

El juez sostiene en su escrito que el Gobierno andaluz aprobó en 2000 un mecanismo ilegal para conceder ayudas sociolaborales y denuncia que, pese a las advertencias de irregularidades que hizo el Interventor General de la Junta de Andalucía a partir del 2005, el Ejecutivo no hizo nada para corregir el procedimiento.

El magistrado señala que los dirigentes del Gobierno aprobaron durante esos años  los presupuestos generales y las modificaciones presupuestarias donde se introducían los mecanismos de concesión de ayudas a sabiendas de que eran ilegales, lo que supone una prevaricación. El magistrado exculpa a Griñán, Chaves y Zarrias del delito de malversación de fondos públicos que les atribuía también la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso en Sevilla.   

Antes de conocer la decisión del juez, el expresidente Griñán ya renunció a su acta de senador en vísperas de que el nuevo parlamento andaluz eligiese a un sustituto. Tras conocer la decisión del magistrado Barreiro, el expresidente Chaves anunció también que dejaba su acta de diputado nacional. Los parlamentarios José Antonio Viera (exconsejero de Empleo) y Gaspar Zarrías (exconsejero de Presidencia), inculpados por el juez Barreiro, también abandonan su escaño, con lo que la causa abierta en el Supremo contra cinco parlamentarios nacionales (Mar Moreno, exconsejera de Presidencia, ha sido exculpada) volverá de nuevo al juzgado de Sevilla. Ya no hay motivos para que el Supremo siga adelante con el proceso pues los imputados carecen de aforamiento y su causa debe ser tramitada por el juez natural predeterminado por la Ley, en este caso el titular del juzgado número 6 de Sevilla.

Más información
La juez Núñez inicia la división del caso de los ERE
El Poder Judicial aprueba un plan que aleja a la juez Alaya de los ERE
Alaya presenta al Poder Judicial un plan alternativo para retener los ERE
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Los cinco parlamentarios nacionales del PSOE implicados en el caso ERE siempre tuvieron miedo de que la juez Mercedes Alaya pudiera aplicarles la misma medicina que al resto de políticos andaluces imputados en la causa, a los que fijó fianzas multimillonarias. Por eso, entre otras razones, prefirieron mantener sus escaños en el Congreso y el Senado, para que fuera el Tribunal Supremo quien examinara su situación. Sólo Mar Moreno, exconsejera andaluza de presidenta, ha salido bien parada de la prueba. Desde hoy, pesa sobre el resto una sospecha mayor de culpabilidad de la que tenían cuando Alaya les apuntó en sus resoluciones judiciales.

La causa vuelve al juzgado de Sevilla, pero todavía no saben los imputados si deberán poner su suerte judicial en manos de Mercedes Alaya o de la nueva titular de la plaza, María Ángeles Núñez Bolaños.

Alaya, que ha cambiado de destino al ganar una plaza en la Audiencia Provincial, solicitó quedarse un tiempo más en su juzgado en comisión de servicios para concluir la instrucción del caso ERE, del caso del fraude en los cursos de formación, y del caso de los avales a empresas privadas de la Junta de Andalucía. De momento, Alaya seguirá instruyendo el caso ERE aunque el Tribunal Superior de Justicia ha dejado abierta la puerta a revisar esta decisión.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS