Los presos por corrupción en Baleares no logran el indulto

El Gobierno ha rechazado todas las peticiones de indulto formuladas por políticos de Baleares que han sido condenados por corrupción. La totalidad ha ingresado o sigue en prisión. Hasta 26 reos -del PP y de Unió Mallorquina (UM)- con penas firmes han entrado en las cárceles de Palma, Ibiza y Mahón; y en un caso, en un centro de la península.

Dieciocho corruptos pertenecían al PP, encabezados por el ex presidente balear y exministro Jaume Matas, que pasó nueve meses por tráfico de influencias en Segovia. Ocho presos formaban parte de UM. Toda la cúpula de Uniò está en la cárcel: dos expresidentes y dos exsecretarios generales, más tres consejeros. La líder del partido y ex presidenta del Parlamento, Maria Antònia Munar, lleva 23 meses interna, con dos condenas por más de once años y otras causas pendientes, como Matas.

En Ibiza se encuentran ingresados el ex presidente del PP de Ibiza y ex consejero de Matas, José Juan Cardona, con una pena de 16 años de reclusión. Ingresó en julio del 2013 por la trama corrupción de la Consejería de Comercio.

En al menos dos casos, las peticiones de gracia de los reos para lograr el indulto parcial o la reducción de pena iban avaladas por la Fiscalía Anticorrupción que ejerció la acusación; el trámite no tuvo la oposición del tribunal sentenciador.

La Audiencia de Palma es la sala que ordena el ingreso en prisión, el cumplimiento de las penas una vez que las condenas son firmes –en el Tribunal Supremo- y cuando el Gobierno ha refutado las peticiones de gracia. El tribunal también ha rechazado la sustitución del ingreso en la cárcel por multas o trabajos a favor de la comunidad. Así ocurrió en la entrada en la cárcel de Jaume Matas con una pena de menos de un años (nueve meses).

Tres periodistas han ido a la cárcel por corrupción y otros cinco han sido condenados a penas menores. Antonio Alemany, ex columnista de 'El Mundo', ya en tercer grado, pasó más de siete meses recluso con una condena de dos años y cinco meses por las ilegalidades en sus contratos para cobrar los discursos que hacía a Matas.

Alfredo Conde, ex director de la radio 'Ona Mallorca', ingresó en 2013 con una pena de dos años y siete meses por su rol como dueño de una productora ligada a UM y Maria Antònia Munar, que logró 240.000 en dos ayudas ilegales.

La periodista condenada a cinco años

La periodista Margarita Sotomayor, ex directora de prensa del Consell de Mallorca y colaboradora de Munar durante seis años, fue condenada a más de cinco años de cárcel en 2013 por su implicación en la operación de compra de la productora de de televisión Vídeo U.

La solicitud de indulto parcial o total de Sotomayor ha sido rechazada por el Gobierno. El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, indicó que había avalado la eventual reducción de condena de la periodista. Carrau visitó en la cárcel a Sotomayor, en su ruta de citas con posibles colaboradores o arrepentidos en las causas abiertas.

Otro reo de UM, Antoni Rebassa, solicitó también en vano el indulto y la rebaja de pena, pese a que no había oposición frontal de la fiscalía. Rebassa, ex concejal de Alaró y ex gestor de inversiones para la mejora del entorno turístico en Inestur (ex Instituto de Estudios Turísticos), está condenado a cuatro años y medio de cárcel por una subvención ilegal de 15.000 euros (con dos facturas por trabajos ficticios) a un compañero de partido por rutas de senderismo.Rebassa reunió más de 2000 firmas del vecindario.

Exconsejeros condenados

Los dos consejeros de Turismo de UM, Miquel Nadal y Xisco Buils, fueron condenados a penas inferiores, cuatro y tres años, a la del subordinado, por episodios paralelos de ayudas ilegales.

El ex consejero Xisco Buils, salió ayer de la cárcel para sentarse en el banquillo de la Audiencia de Palma y aceptar una nueva condena, menor, en otra de las diversas causas que tiene pendiente junto a otros cargos de la cúpula de UM. Exconsejero de Turismo entre 2007 y 2008 y en el Gobierno del PSOE-PSM (Hoy MÉS)-UM, Buils asumió una pena de seis meses por prevaricación continuada, negociaciones prohibidas a funcionarios y un delito continuado de fraude a la Administración, por otras subvenciones ilegales.

El fiscal Carrau pactó una rebaja, de los ocho años iniciales a medio año, por la aceptación de los hechos por parte de siete acusados y compensar a la Administración por el perjuicio económico con 30.000 euros y retiró el delito de malversación de caudales. Buils y el asesor jurídico y funcionario de Turismo, Miquel Ángel Bonet, -implicado en el caso Nóos y colaborador de la Fiscalía- fueron autores del desvío de una subvención de 985.281 euros a la empresa Bitácora, de la que era administradora la pareja de Bonet, María Magdalena Estarellas, también condenada.

El servicio finalmente se consideró realizado y los reos deberán pagar 37.709 euros a la comunidad de Baleares. Con ellos han sido condenados la empresaria Silvia Riera y Cristina Sastre, que han aceptado seis meses de prisión sustituida por una pena de multa de 3.600 euros cada una.