España tiene dos millones de vacunas de viruela caducadas

España estaría indefensa si se produjera un ataque bioterrorista con virus de la viruela. Aunque la enfermedad, para la que no hay tratamiento, se encuentra erradicada oficialmente del planeta desde 1980, los avances en bioingeniería facilitan la posibilidad de una reconstrucción del virus. Y el patógeno puede robarse o escaparse de las dos reservas que existen, una en EE UU y otra en Rusia. España compró 2 millones de vacunas contra la viruela en 2003, pero estas, según el manual del fabricante, caducaron a los siete años. Un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró a este periódico que los fármacos “se encuentran congelados”, y que, por eso, “todavía son válidos”.

El actual fabricante de la vacuna, Sanofi, no quiere comentar sobre la posible caducidad de los preparados. Por correo electrónico, su gabinete de comunicación indica: “Sanofi Pasteur no está en disposición de facilitar la información solicitada. Las vacunas tienen distintas fechas de caducidad basándose en pruebas de esterilidad y un cuidado adecuado cuando está en manos del comprador, y esta información se facilita al comprador en el momento de la adquisición. Adicionalmente, el Gobierno español puede considerar que esta información está protegida, y Sanofi Pasteur no puede decidir si se puede hacer pública de acuerdo con la ley española”.

Pero la ficha del medicamento de Acambis (laboratorio que fabricó el fármaco y que luego fue comprado por Sanofi), establece que la vacuna –que se vende como un preparado liofilizado que hay que disolver– “actualmente tiene un margen de vida de siete años (84 meses) desde la fecha de la manufactura. Se continúan efectuando estudios de estabilidad para extender esta vida media, pero esto no está garantizado. No utilizar después de esta fecha de caducidad [esto último en negrita resaltando el aviso]”. Y ello no cambia con una posible congelación del producto ya que, de hecho, las instrucciones de conservación indican que la vacuna, en cualquiera de sus formas, debe mantenerse a temperaturas bajo cero.

La situación de indefensión ante un eventual ataque bioterrorista con viruela la manifestó recientemente en las Cortes el parlamentario de CiU Jordi Xuclà, quien preguntó por la preparación ante un ataque de estas características. La intervención del diputado, aunque no se refería específicamente a la viruela y era mucho más general, partía de ese hecho.

Xuclà preguntó por este asunto al ministro de Defensa, Pedro Morenés, el pasado 13 de mayo. Este, que no conocía los detalles del asunto, le contestó que garantizaba que “el Gobierno está haciendo su política de lucha contra el bioterrorismo siguiendo las instrucciones con la que cuentan otros organismos de defensa” a los que pertenece España. No satisfecho, CiU registró el 26 de mayo una moción en la que insta a “proceder a la revisión y actualización del inventario de medios, equipos, medicamentos y vacunas a disposición del Gobierno para hacer frente a las eventuales amenazas biológicas para la seguridad”. “No estamos hablando del futuro ni de ciencia ficción, los ataques ya se han producido y la estrategia debe ponerse al día”, añadió Xuclà.

El diputado se basa para esta afirmación en las declaraciones del 29 de octubre de 2014 en la misma Cámara del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, quien mencionó otras amenazas biológicas, como “el chateo yihadista producido a mediados de septiembre de 2014 en redes sociales en un foro próximo al Estado Islámico sobre el uso del ébola como un arma venenosa contra Estados Unidos y Occidente”. En otra mención captada, en una serie de tuits de julio de 2014 “la organización terrorista Ansar Al-Islam discutía sobre sus actividades en el laboratorio, trabajando con posibles venenos químicos y biológicos”.

En Estados Unidos, por ejemplo, después del atentado del 11-S de 2001 y el envío de cartas con carbunclo (ántrax), el Gobierno adquirió vacunas para toda la población, una decisión que ha sido renovada en 2013 al aparecer una nueva inmunización. Canadá, Alemania, Francia y Suecia han llevado a cabo políticas similares.