Salud en todas las políticas
La autora, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, pide una estrategia transversal
La salud es un elemento fundamental en el bienestar de los individuos pero en la salud de los españoles influyen, además de las políticas sanitarias, las decisiones en otros ámbitos, que afectan a la renta, la educación o la vivienda. Así, la política sanitaria puede ser efectiva en el afianzamiento de la cohesión social si se dirige hacia los grupos sociales más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social. Pero, del mismo modo, políticas en otros ámbitos como el mercado laboral o dirigidas a evitar la pobreza infantil, pueden generar ganancias en la salud de nuestra población incluso mayores a las de la propia política sanitaria.
‘Salud, bienestar y cohesión social: hacia un enfoque transversal de las políticas’ es el tema central del debate en las XXXV Jornadas de Economía de la Salud, que son ya una referencia nacional e internacional, con ponencias y comunicaciones de trabajos que aportarán evidencia científica a políticos, gestores, profesionales de unidades clínicas, proveedores de productos y servicios sanitarios y a la sociedad en general.
En un contexto de crisis económica, el debate sobre las políticas públicas, tanto de ingresos como de gastos, requiere un escrutinio riguroso para evaluar el grado de aportación de cada una de ellas para mejorar el bienestar de las personas, especialmente de las más desfavorecidas. Lograr mejoras en la salud de la población, priorizando aquellas políticas en las que se obtenga un mayor resultado por euro invertido y una distribución equitativa de los recursos es, no sólo una estrategia completamente necesaria en los tiempos que vivimos, sino una obligación legal. Así lo establece la vigente Ley General de Salud Pública, que refleja el principio de “salud en todas las políticas”.
Por tanto, es con una estrategia transversal como mejor se aprovecharían las sinergias existentes entre la política sanitaria y el resto de políticas públicas, generándose un más que probable efecto multiplicador sobre el bienestar de la ciudadanía. No obstante, la tradicional compartimentación de las distintas políticas públicas que pueden incidir directa o indirectamente en la salud y bienestar de las personas viene siendo un serio obstáculo a esta estrategia, que hace que se contabilice el origen y destino de los fondos en términos de departamentos (ministerios o consejerías) y no de dimensiones del bienestar social afectadas.
Este obstáculo se une a una serie de resistencias que durante décadas han venido dificultando la puesta en marcha de cualquier política de salud innovadora, como los intereses particulares de los políticos y otros agentes del sistema que toman las decisiones, a veces más preocupados del coste político de las medidas que de las mejoras necesarias.
Esperamos que el cambio que a todos los niveles se ha producido con la crisis económica puede ser una oportunidad para saltar este obstáculo dada la mayor conciencia ciudadana y una mayor receptividad a toda información veraz que muestre evidencia de cualquier utilización indebida de recursos y que proponga alternativas que promuevan su uso más racional y en favor del interés general.
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