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El Tribunal de Cuentas ve prevaricación en el ERE de RTVE

El despido colectivo de 2007 costará a las arcas públicas 1.722 millones hasta 2022

Carmen Caffarel, exdirectora general de RTVE, en una imagen de 2006. Ampliar foto
Carmen Caffarel, exdirectora general de RTVE, en una imagen de 2006.

El Tribunal de Cuentas aprecia un posible delito de prevaricación en el expediente de regulación de empleo (ERE) de RTVE que se saldó en 2007 con 4.150 trabajadores en la calle. El motivo: Cuatro miembros de la comisión negociadora del despido colectivo estaban afectados por el recorte. "Hay un posible conflicto de intereses", señala el organismo fiscalizador en un informe inédito del 28 de mayo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El documento estima que la factura del plan para menguar la plantilla adoptado durante el mandato de Carmen Caffarel costará 1.722 millones a las arcas públicas hasta 2022. Más de 1.051 millones ya se han desembolsado.

El informe califica de “excesivo” el método de cálculo de las retribuciones. El ERE permitió a los empleados de más de 52 años jubilarse con hasta el 92% del salario neto. Más de 3.300 trabajadores afectados por el ERE recurrieron a la justicia.

El Tribunal de Cuentas reconoce que la plantilla acogida al despido “cumplía todos los requisitos necesarios”. El informe critica que, entre 2006 y 2013, RTVE convirtiera en fijos a 866 empleados contratados frente a los 450 previstos. “El 58% de ellos no reunía los requisitos”. Y destaca que, tras adelgazar su plantilla, RTVE convocara 1.006 plazas. Una medida que permitió la incorporación de 39 trabajadores mayores de 50 años y seis que superaban los 60. “Esta crítica puede ser contraria a los principios de no discrimicación, igualdad, mérito y capacidad”.

El organismo fiscalizador cuestiona que RTVE no exigiera al personal de las productoras una declaración de incompatibilidad o la prohibición de contratar con la corporación.

El recorte de plantilla de RTVE fue una de las medidas diseñadas para sanear el organismo público. Los últimos 630 prejubilados abandonaron la corporación en 2008. El ente audiovisual presentó el tijeretazo como una vía para reducir costes. La partida de personal engullía entonces el 30% de los gastos.

El plan de prejubilaciones y bajas incentivadas fue la solución pactada por la empresa, los sindicatos y la SEPI para intentar sacar a RTVE de una prolongada asfixia económica. La deuda del ente alcanzaba entonces los 8.000 millones.