El juez envía al Supremo la pieza de Gürtel sobre la exalcaldesa de Jerez

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la pieza del caso Gürtel sobre los contratos del Ayuntamiento de Jerez con la trama liderada por Francisco Correa. El magistrado ha remitido la causa al alto tribunal, a través de una exposición razonada, al haber una aforada en la causa, la exalcaldesa jerezana María José García Pelayo, senadora del PP. De la Mata considera que García Pelayo incurrió en un delito de prevaricación continuada por los contratos administrativos del Instituto para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, el stand de la ciudad en la feria de turismo Fitur en 2004, una muestra ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo de flamenco en el parque del Retiro de la capital. Según el magistrado, en estos todos contratos, por valor de 355.391 euros, se produjeron “groseras irregularidades”.

De la Mata constata que en el caso del stand de Fitur, empresas y personas vinculadas a Correa efectuaron gestiones, contratos y pagos a proveedores “con anterioridad al procedimiento formal de contratación”. Las mercantiles Special Events y Down Town elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios cuando los trabajos ya se habían realizado.

“Todos los expedientes administrativos incurrieron en groseras irregularidades: fueron aprobados por órgano no competente en todas sus fases; no se adoptó la modalidad de contratación legalmente establecida; no se procuró la concurrencia; no se adjudicaron siguiendo procedimientos objetivos; no se exigió la constitución de fianza”, señala De la Mata en su escrito al Supremo.

El juez señala que aunque el encargado de celebrar los contratos era el consejo rector del Instituto para la Promoción y Desarrollo, García Pelayo “aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos”. Con posterioridad a la prestación del servicio, afirma De la Mata, la ya exregidora “sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector”. Según el juez, García-Pelayo conoció entonces que “todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos”.

De la mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto “todas las resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales”. Toda la actuación desarrollada por la persona aforada, señala el juez, "con la participación del resto de imputados [siete en total] fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas".