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Dos magistrados vinculados al PP juzgarán el ‘caso Gürtel’

El ponente de la futura sentencia, Enrique López, fue designado magistrado del Constitucional por el Gobierno pero tuvo que dimitir tras por conducir borracho

El magistrado Enrique López, en una foto de archivo. Ampliar foto
El magistrado Enrique López, en una foto de archivo.

Un tribunal de marcado carácter conservador se encargará de enjuiciar la primera parte del caso Gürtel de corrupción en el entorno del PP. La causa ha recaído -por estricto turno de reparto- en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López. Este último, que fue nombrado por el Gobierno del PP magistrado del Tribunal Constitucional, y dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba sin casco por el centro de Madrid, será el encargado de redactar la sentencia, según informan fuentes jurídicas.

El tribunal estará presidido por la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia. Espejel, siendo presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta también del Partido Popular.

El tribunal lo completa el también conservador Julio de Diego. Este se mostró favorable en marzo de 2011 a investigar al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por el chivatazo a ETA del llamado caso Faisán.

Antes de enjuiciar el caso Gürtel, en el que hay un total de 40 procesados, la Sección Segunda deberá juzgar un total de ocho causas, de las cuales tres son con personas presas y tienen, por ello, prioridad. La vista oral se celebrará a finales de 2016, según cálculos de fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel, la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás diseccionan en su escrito, del pasado enero, el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”. Los contratos que diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4 millones de euros, según la fiscalía. Además, por comisiones de empresas ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerció como conseguidor de contratos públicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de euros.

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