La Constitución blinda el derecho al trono de la infanta Cristina

La infanta Cristina ha perdido el derecho a usar el título de duquesa de Palma pero su posición en la línea de sucesión al trono de España sigue intacta. La hermana del rey Felipe VI tiene blindado su turno sucesorio por la Constitución, y para que ella y los cuatro hijos que tiene con Iñaki Urdangarin pierdan esta posición dinástica solo hay dos caminos: su renuncia voluntaria o la reforma de la ley fundamental, que exige disolver las Cortes y un referéndum.

La decisión de Felipe VI de revocar el derecho de usar el título de duquesa de Palma, que el anterior Monarca, Juan Carlos I, otorgó a su hija cuando se casó con Iñaki Urdangarin en 1997 tiene un fuerte peso simbólico, pero nulo efecto sobre los derechos dinásticos de aquella. La Constitución de 1978, en su Título II —de la Corona— establece que la sucesión del trono “es hereditaria en los sucesores” de don Juan Carlos, con prevalencia del varón sobre la mujer y del primogénito sobre los hijos menores. La norma fundamental solo recoge un supuesto por el que un sucesor del Rey puede quedar excluido de la línea dinástica: que contraiga matrimonio pese a la prohibición expresa del Monarca y de las Cortes Generales. Esta exclusión afecta también a los descendientes del desobediente.

Así, para que doña Cristina, imputada junto a su esposo en el caso Nóos de corrupción, deje de ocupar el sexto puesto en la línea de sucesión solo caben dos fórmulas. La primera es su renuncia expresa. Este supuesto excepcional es, al igual que la abdicación, un acto “voluntario, personalísimo y unilateral” del sucesor del Rey, según recogen diferentes expertos en Derecho Constitucional y Dinástico. De momento, Cristina de Borbón no ha renunciado a sus derechos dinásticos. Este es uno de los motivos que han llevado a Felipe VI a retirar a su hermana el título de duquesa de Palma.

Renuncia voluntaria

La segunda vía para apartar a doña Cristina, y a sus cuatro hijos —Juan, Miguel, Pablo e Irene— de la línea sucesoria requiere cambiar la Constitución. Y no se trata de una modificación sencilla, como cuando las Cortes reformaron el artículo 135 de la norma fundamental para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria en agosto de 2010. Los cambios del Título II, que regula la Corona, exigen el llamado “procedimiento agravado”, que obliga a que la reforma sea aprobada por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes, y que las cámaras salidas de las siguientes elecciones aprueben la reforma por la misma mayoría de dos tercios. Una vez logrado eso se requiere que la reforma logre su aprobación mediante un referéndum.

Poner en marcha este procedimiento tan rígido de reforma constitucional solo para expulsar a la Infanta de la línea sucesoria se antoja excesivo. De hecho, no se ha empleado nunca, ni siquiera para algo en apariencia tan poco polémico como suprimir la prioridad del hombre sobre la mujer en la dinastía. El Consejo de Estado, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, planteó en 2005 modificar la Constitución para incluir esta reforma, junto al nombre de las comunidades autónomas, la reforma del Senado y el proceso de construcción europea, ya advirtió que lo que se sometería a referéndum era “la Constitución misma, no cada uno de los artículos cuyo texto se pretende modificar o derogar”. Existía el riesgo, por tanto, de poner en cuestión todo el sistema constitucional.

La propia Constitución ordena que una ley orgánica resuelva “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona”. 36 años después de aprobada la norma fundamental, esta ley sigue sin redactarse.