El juez salva del banquillo a dos curas y un exobispo acusados de cohecho

Un exobispo de la diócesis de Tui-Vigo, uno de los curas encargado de las cuentas de este Obispado gallego y un párroco se salvarán in extremis del banquillo tras seis años de instrucción en un caso de presunto amaño de contratos de restauración de arte sacro. El magistrado Andrés Lago Louro ha firmado un auto en el que archiva las actuaciones contra estos sacerdotes porque cuestiona la legalidad de los pinchazos telefónicos que ayudaron a destapar la trama. Los feligreses de Paraños, en el ayuntamiento pontevedrés de Covelo, que ya han recurrido la resolución como acusación particular, sostienen que estos tres dirigentes de la Iglesia católica entregaron una casa rectoral, como mínimo por un precio “irrisorio”, a un funcionario de la Xunta en agradecimiento por haberles conseguido subvenciones. El fiscal piensa lo mismo que los vecinos salvo en el caso del exobispo, contra quien ha retirado los cargos.

El juez Andrés Lago Louro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago y que ha tomado las riendas de la investigación en su recta final, pone en duda la legalidad de las escuchas policiales dictaminadas al principio de las pesquisas porque el auto que las ordenó peca de una “flagrante ausencia de motivación”. El magistrado llega a alertar de que el bautizado como caso Retablo, que acumula 15 tomos de diligencias contra dos funcionarios de la Xunta y cinco empresarios por cuatro posibles delitos de corrupción (cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios), puede derrumbarse cuando llegue a juicio. “Es tan flagrante la ausencia de motivación en dichos autos que surge en el ánimo del instructor una sensación de escalofrío sobre el devenir futuro de las intervenciones aquí practicadas”, afirma Lago Louro.

El juez del caso Retablo retira las imputaciones al exobispo José Diéguez Reboredo; a Benito Estévez Domínguez, miembro del consejo económico de la diócesis de Tui-Vigo; y al párroco de Paraños, Juan José Sobrino Pino, alegando que el contenido de esas intervenciones telefónicas que ordenó su antecesor en la instrucción de la causa son las únicas pruebas contra ellos. En relación con el hecho de que la Iglesia católica traspasase la casa rectoral de Paraños (un inmueble de piedra rodeado de una finca de 5.000 metros cuadrados) por 60.000 euros al funcionario Carlos Gómez Gil de Aizpurúa y que luego este, presunto cerebro de la trama de amaños y comisiones en restauraciones pagadas con fondos públicos, intentara revenderla por 680.000 euros, el magistrado rechaza que los curas la realizasen “en consideración a los favores prestados” por él.

Lago Louro admite la “estrecha relación” de los sacerdotes con el funcionario de la Consellería de Cultura por ser el “encargado de supervisar la restauración de buena parte de los retablos de iglesias existentes” en las provincias de Pontevedra y Ourense. “Es por ello comprensible que, con ocasión de la venta de la casa de Paraños, se tuvieran en cuenta tales consideraciones, sin que ello implique intencionalidad delictiva alguna”, esgrime el juez.

El instructor reconoce que el funcionario imputado entró en la casa rectoral antes de que los sacerdotes concertaran la venta. Lago Louro sostiene que entonces la vivienda estaba en unas “condiciones de habitabilidad deplorables” y que Gómez realizó “costosas obras de restauración”. “No parece en absoluto descabellado que [en la venta posterior] se fijase un precio acorde, no al estado en que se hallaba la casa una vez restaurada, sino al estado en que se hallaba en el momento en que la recibió por primera vez el imputado”, sostiene el juez para exculpar a los curas que decidieron cobrarle al funcionario solo 60.000 euros por la propiedad. Los arreglos en la casa, sin embargo, no los pagó siquiera el empleado de la Xunta sino que se los abonaron empresas de restauración “agradecidas por el trato dispensado”, admite el juez, “hecho este que, desde luego, desconocían los vendedores al tiempo de la venta” de la vivienda. El auto judicial retira también las imputaciones a dos empresarios —Germán Hermida Noval y Raúl Cándido Fructuoso Arangude— y las mantiene para otras siete personas.

Los feligreses de la parroquia de Paraños se oponen a la desimputación de los tres sacerdotes que ellos mismos llevaron al juzgado “tras reiteradas mentiras y ocultamientos”. En su recurso, la Asociación Vecinal de Paraños insiste en que la operación de “donación o aparente venta” de la casa rectoral fue un “soborno activo” y sostiene que existen pruebas documentales y testimonios incriminatorios más allá de los pinchazos telefónicos ahora cuestionados por el juez.

Sobre el argumento que esgrime el instructor de que la vivienda estaba en ruinas y que por eso los curas se la vendieron por solo 60.000 euros al presunto cabecilla de la trama corrupta, los vecinos niegan que la propiedad estuviera en tan mal estado y apelan a las fotos incorporadas al sumario y al testimonio de María Ferreira, una piadosa anciana de Paraños que atendió durante años la casa rectoral y la iglesia y que, sufriendo importantes problemas de movilidad, residió en la vivienda durante unos 20 meses mientras se reformaba la suya. Antes de fallecer, Ferreira quiso acudir al juzgado para describir cómo estaba el inmueble antes de que el funcionario imputado lo ocupara y realizara arreglos. Su declaración y el “hecho innegable de su residencia allí dan fe del buen estado de conservación” de la propiedad que los sacerdotes vendieron por 60.000 euros, idéntico precio al que costó en la misma parroquia una finca “reducidísimas dimensiones y que en el medio tiene las pierdas de lo que hace décadas se intuye que fue una pequeña casa”, defienden los vecinos.

Los pinchazos telefónicos cuya legalidad pone en duda ahora el instructor del caso Retablo destaparon cómo el funcionario Carlos Gómez y el párroco Juan José Sobrino pactaron alegar que la casa estaba en ruinas para justificar el bajo precio de compraventa, recuerda la asociación vecinal de Paraños. En otra conversación recogida en el recurso, el cura Benito Estévez, del consejo económico del Obispado, reconoce “haberse saltado” el Código Canónico para que el imputado pudiera “escriturar rápidamente la casa”: “Nosotros, por tus servicios y tal, saltamos a la torera una serie de cosas”.