La exduquesa tozuda

Cristina de Borbón empezó en 1997 a usar el título de duquesa de Palma, regalo de boda de su padre, el rey Juan Carlos. El día que se casó con Iñaki Urdangarin, 200.000 personas salieron a la calle para aplaudir a la pareja. El día que bajó, en coche, la llamada cuesta de la vergüenza de los juzgados de Palma, casi 17 años después, para declarar como imputada por blanqueo y fraude fiscal, Interior dispuso más de 200 agentes para proteger a la Infanta de la gente. Su implicación en el caso Nóos no solo fulminó la imagen de cierta modernidad que tenía hasta entonces –era la primera mujer de la monarquía española con título universitario; la que se había ido a vivir a un modesto piso con una amiga…-, también arrastró la popularidad de la institución a la que representó muchos años: del notable alto al suspenso del CIS. Desde su llegada al trono, don Felipe intenta recuperar ese prestigio marcando distancias con su hermana, que ya no forma parte de la familia real, pero sigue haciendo daño a la institución.

La Zarzuela nunca ha ocultado que la decisión que más aliviaría la presión que el caso Nóos – “el martirio”- ejerce sobre la Corona sería que doña Cristina renunciase a sus derechos sucesorios. Pero ella se ha negado a hacerlo siempre pese a que es la sexta en la línea de sucesión y la medida no afectaría a sus hijos, que subirían un puesto. La Infanta no lo ha hecho porque vive las imputaciones casi como una conspiración. Se siente cabeza de turco y no obedece a La Zarzuela porque siempre ha entendido su estrategia de aislamiento como una condena por adelantado. Ni accedió a divorciarse de Urdangarin, ni a renunciar a sus derechos sucesorios. En lugar de eso, hace solo tres días atacaba al juez José Castro, acusándole de cometer un “grave atentado” contra su derecho de defensa por no rebajarle la fianza civil de 2,7 millones de euros a 449.525, como pedía.

Lleva apartada de la vida oficial de la familia real desde octubre de 2011, dos meses antes de la imputación de su marido en el caso Nóos, y no recibe desde entonces asignación alguna de la Casa del Rey (en 2008 esa cantidad ascendía a 75.877 euros). Pero en más de una ocasión ha intentado torpedear la estrategia de La Zarzuela para aislar al que fue el primer foco del problema, Urdangarin. Lo hizo, por ejemplo, al imponer su presencia en el hospital cuando don Juan Carlos ingresó para su tercera operación de cadera, en noviembre de 2012. Después de esa imagen, la Casa del Rey comunicó que borraba todo rastro de Urdangarin de su página web: era su forma de hacer ver que nada había que cambiado tras aquella visita hospitalaria, que no estaban cediendo.

Las últimas imputaciones las ha conocido en Ginebra, donde se mudó el año pasado para alejar a sus hijos del escándalo. La Caixa encontró acomodo para doña Cristina en Suiza como antes había sido Telefónica quien había buscado un puesto para su marido lejos de España, en Washington. El matrimonio se mudó a EE UU en 2009, dos años antes de la imputación de Urdangarin y dos años después de que el asesor legal del rey Juan Carlos, el conde de Fontao, les hubiese recomendado salir de España y abandonar las “inadecuadas” actividades a las que se dedicaba en aquella pretendida organización sin ánimo de lucro llamada Instituto Nóos.

Fue desde Washington, donde Urdangarin emitió, en diciembre de 2011, un comunicado en el que pedía perdón públicamente por su implicación en el caso: “Lamento profundamente el grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa del Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas”. Entonces no imaginaban que el caso Urdangarin iba a convertirse en el caso Infanta.

El matrimonio anunció su regreso a España en agosto de 2012. Doña Cristina fue imputada por primera vez en abril de 2013 y declaró ante el juez, acusada de los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en febrero de 2014. El 19 de junio del año pasado fue apartada del acto más importante de la vida de su hermano: no fue invitada a su proclamación como rey. Doña Cristina tuvo que ver por televisión su discurso en el Congreso, dedicado, en gran parte, a intentar contener los daños del caso Nóos y a prometer que no volverían a repetirse esos errores –“La Corona debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente…”-.

Pero la estrategia de aislamiento no ha cambiado su actitud. Y ni siquiera ahora ha permitido que don Felipe pueda presentar la revocación de su título de duquesa de Palma como un gesto para demostrar que quien no actúa de forma ejemplar no merece esas distinciones. La Infanta no se ha resistido a dejar pasar la publicación de esa decisión de su hermano en el BOE y ha asegurado que fue ella la que renunció por carta al título.