El tribunal rechaza suspender el primer juicio a Gürtel

El Tribunal Superior valenciano ha rechazado este viernes suspender el primer juicio contra la trama Gürtel como habían solicitado las defensas. El procedimiento ya fue suspendido en abril por los jueces para que los acusados tuvieran tiempo de estudiar documentación. El juicio está centrado en las contrataciones supuestamente amañadas por importe de cinco millones de euros que el Gobierno valenciano adjudicó a empresas de Francisco Correa relacionadas con la feria Fitur entre 2005 y 2009. Las sesiones continuarán, como estaba previsto, el viernes 19 de junio, con los primeros interrogatorios a los acusados, y se extenderán hasta Navidad.

Las defensas pidieron el jueves la suspensión de las sesiones durante al menos tres meses para tener tiempo de estudiar documentación. El tribunal ya aceptó ese argumento en abril, cuando decidió paralizar el procedimiento hasta esta semana. La fiscal ha considerado que la reiteración era una "maniobra dilatoria" con la que se pretendía obstruir "a toda costa" la marcha del procedimiento, y lo ha tildado de "indignante".

Según el ministerio público, tanto la petición de más tiempo para estudiar informes policiales obrantes en la parte troncal del caso Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional, como la alegación de falta de tiempo por parte de nuevos letrados de algunos imputados para ponerse al día de la causa encubren en realidad un "fraude de ley".

Los letrados de los acusados han protestado por la decisión de los magistrados de no interrumpir el procedimiento, y lo han considerado una violación del derecho a un juicio justo.

El ministerio público ha rechazado también las alegaciones planteadas el jueves por las defensas de Francisco Correa, Pablo Crespo y otros presuntos miembros de la trama Gürtel de que sus derechos fundamentales han sido infringidos desde el inicio de la causa, cuando el instructor era el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Los acusados pidieron sobre esa base la nulidad total de las actuaciones y que estas volvieran a la fase de instrucción. El ministerio público ha mantenido, en cambio, que a lo largo de las actuaciones se ha seguido "escrupulosamente" la ley.

En el banquillo se sientan los presuntos líderes de la red y dos antiguas consejeras de Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, la cual sigue siendo alcaldesa de Novelda, además de cinco funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo y tres empleados del grupo empresarial de Correa.