Cristina de Borbón, ante un banquillo con dos escapatorias

La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por un supuesto delito fiscal en el caso Nóos. La hermana del rey Felipe VI tiene alguna posibilidad de salir ilesa del trance judicial en dos momentos clave de la vista oral. Al inicio del juicio, su defensa planteará que no cabe juzgar a la infanta por delito fiscal dado que la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, y la Fiscalía Anticorrupción, no acusan a Cristina de Borbón y defienden su inocencia.

La única acusación que culpa a la infanta y pide penas de cárcel para ella es Manos Limpias, la acusación popular. El tribunal encargado de juzgar a la hermana del Rey deberá resolver si aplica la doctrina Botín, en cuyo caso Cristina de Borbón no podrá ser juzgada; o impone la doctrina Atutxa, en cuyo caso el juicio contra la esposa de Urdangarín continuará.

Los peritos de la Agencia Tributaria defenderán durante la vista oral que no hay delito fiscal en la actuación de la infanta Cristina como propietaria del 50% de la empresa Aizoon, que compartía con su marido y con la que supuestamente se produjo el fraude a Hacienda. Ese testimonio puede resultar clave para la decisión que adopte el tribunal sentenciador en relación con el delito fiscal que tanto el juez instructor José Castro como la acusación popular de Manos Limpias, atribuyen a la infanta.

Su marido, Iñaki Urdangarin, se lucró durante varios años con un negocio consistente en contratar con administraciones públicas la organización de eventos a través de una supuesta sociedad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos. Esa sociedad, que logró contratos a dedo por más de seis millones de euros en apenas tres años, subcontrataba el trabajo con otras empresas, en este caso privadas y con ánimo de lucro, propiedad de Urdangarín y su socio, Diego Torres.

Una de las empresas con las que Urdangarín desviaba a sus bolsillos el dinero público de los Gobiernos de Valencia y Baleares era Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la infanta Cristina de Borbón. Urdangarín facturó a nombre de esa empresa sus servicios profesionales como consejero de una decena de sociedades. Por este sistema defraudó a Hacienda al declarar esos ingresos con el impuesto de sociedades en lugar de con el IRPF, dado que era una renta de su trabajo y no de la actividad de su empresa. Esa práctica supuestamente ilegal la llevó a cabo con la supuesta complicidad de su mujer, que aprovechaba esos ingresos que llegaban a Aizoon para gastos particulares que luego se incluían en las declaraciones fiscales para lograr desgravaciones en el impuesto de sociedades.