El Congreso aprueba la limitación de las imágenes de los detenidos
La ley que cambia el término imputado por investigado sigue el trámite en el Senado
El PP ha asumido la defensa de los derechos de los detenidos para aprobar en el pleno del Congreso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la difusión de fotografías de personas cuando han sido detenidas. Esa norma legal, que superó ayer el trámite del Congreso para ir al Senado, incluye también reducir a no más de 6 o 18 meses el tiempo de instrucción de sumarios y la sustitución de la palabra “imputado” por “investigado”.
Según el diputado del PP, Agustín Conde, se quiere garantizar el respeto a la imagen de los arrestados y acabar con la pena de telediario. Para Conde, los detenidos no son ciudadanos de segunda solo por estar siendo investigados por un juez y tienen, también, derechos fundamentales.
El socialista Manuel de Rocha dijo que se trata únicamente de evitar imágenes como la de la detención de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Conde, ponente de esta ley, fue objeto de controversia porque en el pleno de ayer el PP, con apoyo de CiU, le concedió autorización retroactiva para que pueda desempeñar actividades privadas, tras haber ocultado su trabajo al margen de la Cámara. PSOE, IU y Foro Asturias pidieron que se le investigue, tras revelar su actividad la cadena SER.
La Asociación Española de Editores de prensa (AEDE) ha criticado duramente la enmienda transaccional introducida por el Partido Popular la semana pasada en Comisión y este jueves en Pleno, con el objetivo de limitar la difusión de imágenes de los detenidos y con ello evitar en palabras del Ministro de Justicia Rafael Catalá “que la justicia se haga desde las escalerillas de los tribunales”.
AEDE entiende en un comunicado que el texto aprobado por el Congreso limita el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre temas de actualidad y de interés público.
AEDE recuerda a los poderes políticos que el derecho a la libertad de información es un derecho protegido por el artículo 20 de la Constitución, y que constituye el pilar básico del estado de derecho. Sólo un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre.
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