6.000 euros por ‘trending topic’, así lavaba la imagen la red Púnica

Ayuntamientos gobernados por el PP pagaron a una empresa de distribución de propaganda política en la red por servicios simulados, según fuentes próximas a la investigación del caso Púnica. Las facturas, abonadas con dinero público para adquirir supuestos informes de asesoramiento sobre redes sociales, pagaban en realidad campañas en la Red hechas por anticipado para el PP por la empresa de Alejandro de Pedro, imputado en la causa. Esos trabajos consistían en mejorar, a través de Internet, la imagen de los candidatos populares en las semanas previas a las elecciones municipales de 2011 con noticias positivas en una serie de diarios digitales de escasa implantación que luego se amplificaban en las redes sociales. Esos servicios que beneficiaban a los intereses electorales del PP se financiaron meses más tarde con cargo a los presupuestos públicos de distintos municipios gobernados por este partido, según han detallado a EL PAÍS las mismas fuentes.

Madiva y Eico, empresas que dirigía De Pedro, trabajaban para mejorar la reputación de candidatos del PP en distintas localidades. Cuando ganaban las elecciones y formaban Gobierno, los alcaldes adjudicaban contratos menores a las sociedades de De Pedro camuflados como estudios sobre el uso de redes sociales. De Pedro ponía a disposición de sus clientes, según fuentes de la investigación, hasta 45.000 perfiles de Twitter con los que hacer propaganda masiva a sus clientes que complementaba con la creación de diarios digitales donde sólo aparecían noticias positivas de quienes le contrataban. Por fabricar un trendic topic, colocar una información entre las más vistas de Twitter, las sociedades del empresario valenciano cobraban 6.000 euros.

Los investigadores de Púnica sospechan que era el modo de pagar por los servicios prestados con anterioridad. EL PAÍS ha tenido acceso al manual tipo que las firmas de De Pedro, uno de los supuestos cabecillas de la trama según el juez Eloy Velasco,  endosaron a varios ayuntamientos madrileños gobernados por el PP. Consta de apenas 99 cuartillas con vaguedades sobre el manejo de Internet y al menos uno de los alcaldes pagó por él 16.520 euros con cargo a las arcas del Ayuntamiento. Fuentes próximas al conglomerado digital de De Pedro señalan que el informe se remitían a los distintos Gobiernos municipales cambiando el encabezamiento y ofrecía nociones muy básicas para moverse en las redes sociales e instrucciones para el manejo de perfiles en Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Flickr, Slideshare, así como para configurar blogs en Internet.

El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha ordenado este martes a la Guardia Civil registrar el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. Los investigadores han recabado documentación relacionada con la adjudicación de contratos a la empresa de eficiencia energética Cofely, y expedientes en los municipios de Denia, Gandía, Valencia, Collado Villalba, Madrid, Elche, Valdemoro, Majadahonda, Castellón, Alcobendas y Coslada.

Según consta en el sumario, secreto desde el pasado octubre cuando se desencadenó la operación con medio centenar de detenidos, los Ayuntamientos de Coslada o Alcobendas, gobernados por el PP; habrían adjudicado contratos a las empresas de De Pedro como pago por servicios realizados para mejorar la imagen de sus alcaldes en las fechas previas a las elecciones municipales, afirman fuentes de la investigación. 

En Coslada, De Pedro había trabajado para intentar desvincular la imagen de los dirigentes del PP de ese municipio del caso de corrupción que afectó a quien fue jefe de la policía municipal Ginés Jiménez. Más tarde, De Pedro siguió realizando tareas para mejorar la reputación en la Red del candidato a alcalde del PP, Raúl López, que ganó las elecciones.

El concejal de Hacienda, Emilio García Grande, se negó a pagar la factura de 16.520 euros por el estudio de redes sociales que en realidad era el pago a los servicios prestados anteriormente. El empresario De Pedro acabó cobrando ese dinero cuando García Grande dimitió en enero de 2013.

Entre los Ayuntamientos visitados por los agentes de la UCO para llevarse los contratos con las firmas Eico y Madiva está el de Collado Villalba, si bien el secretario municipal aseguró a los investigadores que el Gobierno municipal presidido por Agustín Juárez no efectuó pago a alguno a ninguna de las sociedades de De Pedro Llorca. La tesorera del Ayuntamiento remitió en su día un informe a la comisión de investigación abierta en Collado Villalba en el que se certificaba que no existió ningún pago a las sociedades bajo sospecha del conglomerado digital.

El caso Púnica mantiene imputados a cinco alcaldes del PP y encarcelado al que fue secretario general de esta formación en Madrid, Francisco Granados, hombre de confianza y ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre. La investigación del juez Eloy Velasco ha destapado también un supuesto uso indebido de dinero público por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para pagar al empresario Alejandro de Pedro. Los ex consejeros de Presidencia, Salvador Victoria; y Educación, Lucía Figar, están imputados por estos hechos y dimitieron antes de finalizar sus mandatos por miedo a que su situación influyera en la investidura de la candidata popular Cristina Cifuentes.