Interior rechaza el pago de los nuevos fármacos a los presos con hepatitis C

El Ministerio del Interior intenta eludir el pago de los medicamentos contra la hepatitis C para los presos infectados por este virus. El Gobierno pretende que cada servicio autonómico de salud costee los tratamientos —entre 24.000 y 40.000 euros cada uno— y ha llevado a los tribunales a las comunidades se resisten a pagar de su presupuesto el fármaco. Un juez de Valladolid ya ha dado la razón a Castilla y León, pero Prisiones se niega a pagar mientras la decisión no sea firme.

La relación entre las comunidades e Interior por la financiación de la atención sanitaria a los reclusos siempre ha sido tensa, pero el alto coste de nuevos los medicamentos contra la hepatitis C ha desatado un conflicto que ha acabado en los tribunales. Interior no quiere asumir el coste y se ha lanzado a una batalla jurídica sin final en el horizonte ya que prevé esperar a una sentencia del Tribunal Supremo. Mientras se resuelve, hay presos a los que un médico le ha prescrito este fármaco pero que no están siendo tratados por el desacuerdo entre las Administraciones.

Algunas comunidades, como Andalucía y Extremadura, llevan meses atendiendo a los presos con su presupuesto, pero otras no lo han hecho a la espera de que el Gobierno aclarara sus intenciones. Lo hizo por fin el 29 de abril y para confirmar lo que las comunidades se temían: que no prevé pagar medicamentos hasta que haya una sentencia firme que así se lo exija. El subdirector de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo, lo comunicó en el Comité Institucional del plan para la hepatitis C: “La intención de algunas comunidades de repercutir el gasto a Instituciones Penitenciarias (IIPP) de esos tratamientos prescritos a enfermos que se encuentren en prisión es consecuente con esa posición ya que IIPP está dispuesta a financiar los tratamientos en el momento en que haya una sentencia firme que así se lo exija”.

La atención sanitaria a los presos depende del Gobierno (excepto en Cataluña), que mantiene en las prisiones un servicio médico equivalente a la atención primaria. Cuando los reclusos necesitan asistencia más especializada, son trasladados a un hospital en virtud de un convenio anual entre Prisiones y las comunidades autónomas. El acuerdo contempla que si el preso necesita ingreso hospitalario es la Comunidad la que lo costea, pero si los especialistas prescriben fármacos de uso ambulatorio (que el recluso puede tomar en la cárcel) es Interior quien los compra y los envía a la prisión, como ocurre con los tratamientos contra el VIH.

Los nuevos fármacos contra la hepatitis C se consideran de uso ambulatorio y los médicos que atienden a los reclusos en los hospitales prescriben ya estos medicamentos a presos infectados por el virus. Pero Instituciones Penitenciarias se niega a comprar los fármacos para que los médicos de las cárceles puedan tratar a los reclusos, entre los que la prevalencia del virus de la hepatitis se estima en más del 20% (más de 16.000 infectados entre los 65.000 internos de las cárceles españolas).

Aunque los pacientes de hepatitis C no reclusos toman los fármacos su casa porque este tratamiento no necesitan ingreso, Prisiones quiere que la justicia dirima que esto es así. De momento, un juez de Valladolid ha rebatido el argumentario de Interior y ha apoyado a la Junta de Castilla y León. “El seguimiento de los pacientes con hepatitis C se realiza en las mismas condiciones que el de pacientes no penitenciarios, mediante consultas, y no requiere ingreso hospitalario”, refleja la sentencia dictada en diciembre por el Juzgado 2 de lo Contencioso de Valladolid, que Instituciones Penitenciarias ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Gobierno autónomo, respaldado por la justicia, confía “en un cambio de actitud” por parte de Interior. “Cada uno estamos para defender nuestra parte, pero lo primero son los pacientes y luego nos pegamos para ver quién paga la factura”, ilustra José María Pino, director general de Asistencia Sanitaria de esta comunidad. Interior no ha variado un ápice la postura del Gobierno para asumir la factura de los medicamentos.