Nuevas imputaciones del caso Púnica complican la investidura de Cifuentes

El magistrado Eloy Velasco ha extendido este martes la sospecha de grave corrupción sobre el Gobierno saliente del PP en la Comunidad de Madrid al citar como imputados a dos consejeros clave de ese Ejecutivo: Lucía Figar (Educación) y Salvador Victoria (Presidencia). El anuncio de nuevas imputaciones en el caso Púnica llega en vísperas de la constitución del nuevo Parlamento regional, donde la candidata Cristina Cifuentes se juega la principal baza de poder territorial a la que aspira el PP tras el batacazo electoral del 24-M. La acusación que pesa sobre el Ejecutivo saliente —malversación de dinero público para contrarrestar informaciones negativas de sus consejeros— complica las negociaciones de Cifuentes para atraer el voto, imprescindible, de Ciudadanos.

Con 17 diputados en el nuevo Parlamento regional de Madrid, cruciales para que el PP (48 escaños) sume la mayoría absoluta que necesita, Ciudadanos condiciona cualquier apoyo futuro a un inequívoco compromiso contra la corrupción.

Las sospechas que acorralan al PP de la Comunidad de Madrid, con una investigación judicial abierta que descarga cada día nuevas imputaciones contra dirigentes de este partido, amenazan cualquier posible acuerdo con Ciudadanos sobre el Gobierno regional.

“El caso Púnica es pasado, que respondan otros”, contesta el equipo de Cifuentes para tranquilizar a su único aliado posible. “Los 48 diputados del PP que tomarán posesión el 9 de junio han firmado un código ético que registraremos en la Asamblea de Madrid y que supone nuestra declaración de intenciones contra la corrupción”.

El caso Púnica, una heterogénea trama delictiva que logró 250 millones de euros en contratos de distintas administraciones —media docena de ayuntamientos y tres autonomías— a cambio del pago de comisiones ilegales a políticos, se cuela en la decisiva negociación para la formación de un Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El juez Eloy Velasco considera acreditado el pago con dinero público de servicios prestados por el empresario Alejandro de Pedro a través de dos sociedades, Eico y Madiva, para mejorar la imagen del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ante la publicación de distintos escándalos que afectaban a algunos consejeros.

Esos servicios “de reputación en la red” no se podían financiar con los presupuestos públicos autonómicos, según opina el instructor del caso. Velasco ha citado este martes como imputados a dos consejeros autonómicos en funciones, Salvador Victoria (Presidencia) y Lucía Figar (Educación); a dos diputados autonómicos madrileños, José Miguel Moreno (ex alcalde de Valdemoro) y Mario Utrilla (Sevilla La Nueva), y al consejero murciano Juan Carlos Ruiz, que ya ha presentado su dimisión.

Victoria y Fijar son dos de los consejeros del Gobierno del PP que más poder han atesorado en los últimos años. Ambos han firmado durante su mandato diversos contratos menores a favor de Eico y Madiva, las empresas de Alejandro de Pedro, para supuestos trabajos de seguimiento en la red de noticias de sus consejerías.

Pero el juez no se lo cree. Ha interrogado a empleadas de Eico y Madiva, quienes han relatado que el servicio prestado a la Comunidad de Madrid consistía en colocar en la red informaciones positivas de Ignacio González (presidente autonómico), Salvador Victoria o Lucía Figar para contrarrestar así noticias publicadas en los medios de comunicación que deterioraban la imagen de los tres políticos.

El juez Velasco tiene en su poder informes cuyo título esclarece el objetivo de esos trabajos bajo sospecha: “Situación actual de la entidad on line de Lucía Fígar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación on line”. Los empleados de Eico y Madiva explicaron al magistrado que su cometido era “que no apareciesen resultados negativos de los clientes o que estos figurasen en las páginas dos o tres de Google”.

Las empresas Eico, Madiva y los manejos de su propietario, Alejandro de Pedro, son solo un vértice del triángulo de supuesta corrupción que investiga el juez Velasco en el caso Púnica a raíz del descubrimiento de una cuenta suiza propiedad del exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, Francisco Granados. En los otros dos vértices se sitúan los contratos adjudicados por seis ayuntamientos —cinco de ellos gobernados por el PP y el sexto por el PSOE— a la empresa Cofely para gestionar infraestructuras de eficiencia energética; y las adjudicaciones a la empresa Water Music para organizar las fiestas de numerosos municipios de la Comunidad de Madrid.

Desde el 31 de octubre pasado, el exdirigente del PP Francisco Granados, y su amigo David Marjaliza, constructor de Valdemoro, permanecen en prisión tras declarar ante el juez Velasco. El instructor considera que ambos organizaron una red delictiva para influir en la concesión de contratos públicos a cambio de mordidas con las que alimentaron sus cuentas en bancos suizos.

El magistrado volverá a tomar declaración a Marjaliza el próximo 18 de junio para conocer el origen del dinero que ocultaba en Singapur, según indicaron fuentes conocedoras del caso.