El ex delegado del Gobierno en Valencia se defiende: “Soy inocente”

Serafín Castellano, el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana que fue detenido el viernes pasado por su implicación en un supuesto caso de corrupción y destituido poco después por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se defiende. Castellano ha reivindicado en un comunicado su "inocencia y honor", ha negado "con rotundidad y contundencia todas y cada una de las acusaciones" que pesan sobre él, y ha afirmado que siempre ha vivido "única y exclusivamente" de su nómina.

La Fiscalía Anticorrupción le atribuye los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El que fue hasta 2014 secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y cuyo arresto ha acabado de hundir la imagen regional del partido mantiene que su implicación en el caso por favorecer presuntamente a una empresa contratista de la Generalitat a cambio de regalos es "a todas luces una utilización" de su nombre y de su "posición política" en un asunto del que se siente "completamente ajeno". Castellano agrega en un comunicado remitido a Efe que se le imputan delitos de forma "injusta e impune", y que la situación en la que se ha visto envuelto le está generando a él y a su familia un daño "moral y psicológico irreparable".

La defensa de Castellano llega un día después de que un testigo, el dueño de una armería de Sagunto (Valencia), declarase ante el juez que la empresa contratista del Ejecutivo valenciano Avialsa adquirió un rifle de caza para el ex delegado del Gobierno, le entregó la documentación necesaria para registrarlo a su nombre y le pidió que falsease la factura.

Un exgerente de Avialsa denunció hace dos años ante la fiscalía que esta empresa había regalado a Castellano el mencionado rifle, le había pagado cacerías y le había hecho otros obsequios en el contexto de favores en las adjudicaciones de contratos públicos cuando el ex delegado del Gobierno dirigía la Consejería de Gobernación (2007-2014). En ese periodo, Castellano adjudicó contratos a Avialsa por 33 millones de euros.

Castellano considera que ya ha sido "juzgado y condenado pública y mediáticamente" por unos delitos que desconoce al estar bajo secreto de sumario y que, ha criticado, "misteriosamente aparecen publicados en los medios de comunicación".