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La adjudicación de Aznalcóllar complica la investidura de Díaz

La socialista contacta con Rajoy, Iglesias y Rivera para trasladarles su enorme preocupación por el bloqueo institucional; para hoy está prevista la tercera votación

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Susana Díaz, durante su visita al barrio de Isla Chica en Huelva. EFE

El estallido de otro caso judicial por la adjudicación del concurso para abrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha terminado por complicar del todo la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta andaluza. Un auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla cree que el Ejecutivo autónomo concedió la reapertura de la mina mediante un concurso público sin “el más mínimo rigor”. La resolución fue la razón esgrimida por el PP para suspender unilateralmente una reunión con los socialistas para desbloquear la elección de Díaz en la tercera votación, prevista para hoy. Ciudadanos e IU anunciaron que volverán a votar no, como el martes ya comunicó Podemos. Basan su negativa en la falta de respuesta del PSOE a sus demandas.

La juez Patricia Fernández identifica “irregularidades graves” en el concurso del Gobierno andaluz para volver a explotar la mina de Aznalcóllar (un gran yacimiento de cobre, plomo y zinc), según adelantó este miércoles El Mundo. Tras el desastre medioambiental por la rotura de la balsa, que en 1998 liberó 4,5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno del parque de Doñana, ahora la magistrada investiga delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la licitación para reabrirla. Mientras, la Junta defiende “la limpieza” del procedimiento.

Con este escenario, salvo sorpresa mayúscula toda la oposición volverán este jueves a votar en bloque, por tercera vez, contra la elección de Díaz. La ronda de contactos abierta por el PSOE para lograr al menos la abstención de dos grupos ha acabado en fracaso. La propia candidata se ha empleado a fondo en convencer a sus adversarios políticos para que la dejen formar Gobierno.

Díaz ha hablado con el presidente de Gobierno y del PP, Mariano Rajoy; con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con el de Ciudadanos, Albert Rivera, según fuentes próximas a la presidenta en funciones. A todos ellos llamó a la responsabilidad y les trasladó su enorme preocupación por el bloqueo institucional en Andalucía, donde no hay mayoría alternativa a su proyecto. Díaz les hizo ver, según estas fuentes, que esta situación puede darse en otras comunidades tras las elecciones del 24 de mayo. También habló con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que informó del embrollo andaluz.

Solo el PP ligó de manera expresa su negativa a sentarse a hablar con el PSOE a la nueva investigación judicial. El presidente regional popular, Juan Manel Moreno, dio orden de suspender la reunión con la delegación socialista e instó a Díaz a demostrar que es “implacable” contra la corrupción. La presidenta en funciones ordenó este miércoles paralizar la adjudicación de la mina. “Cuando un juez tiene serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe paralizarse y esclarecerse”, señaló.

Las otras formaciones justificaron su negativa a dejar pasar la investidura de Díaz en la falta de respuestas de los socialistas a sus demandas. Así, IU justificó su rechazo en que sus antiguos coaligados están instalados “en un discurso ambiguo y entregado a la derecha económica”.
Ciudadanos se quejó de la falta de reacción de sus interlocutores socialistas al negarse a firmar el pacto anticorrupción. “Si no hay firma, no hablamos de otros temas”, destacó José Manuel Villegas, vicesecretario general nacional de la formación. La noche anterior, los representantes de Podemos se quejaron de que el PSOE les había pedido un “acto de fe” al posponer las dos peticiones sobre la mesa —romper con los bancos que desahucien y reducción de altos cargos y asesores— hasta después de la formación del Gobierno.

Ciudadanos admitió que “sin duda” este caso complica la investidura, ya que el Gobierno en funciones debe dar explicaciones. Podemos calificó de “intolerable” la actuación de la Junta en el concurso y apeló a la profesionalización de la Administración autonómica. IU recordó que ya había advertido de que la adjudicación, hecha después de su “expulsión” del Gobierno, era “fraudulenta”.

 

La policía intenta aclarar los puntos oscuros del concurso

Los interrogatorios policiales que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realiza esta semana a los 13 cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía que participaron en el concurso, busca aclarar las dudas sobre un supuesto amaño, según la tesis de la investigación.

Entre los puntos oscuros destacan los criterios de valoración de los técnicos para que la alianza Minorbis-Grupo México se alzara con el concurso por 75,9 puntos, frente a 73,6 puntos logrados por la oferta perdedora de Emerita.

La Junta entregó recientemente el expediente completo del concurso a la policía, tras exigirlo la juez, mientras que Emerita lo reclama aún sin éxito.

Emerita denunció ante la juez cómo hace un año el responsable del grupo ganador, Mario López, les ofreció “refundir ambos proyectos”, tras advertirles que “tenía la llave del concurso”. Para demostrarlo, anunció que a los cinco minutos les llamaría “alguien de la consejería”. El secretario general de Industria, Vicente Fernández, llamó a Emerita “para nuestra sorpresa” para interesarse sobre el resultado de la reunión. Ayer Fernández alegó que hablaba con las empresas de manera continua y que no recordaba dicha llamada.

Tanto Fernández como la directora general de Industria y Minas, María José Asensio, han asegurado en rueda de prensa que ponen “la mano en el fuego” por la limpieza del concurso y el buen hacer de los técnicos y funcionarios que intervinieron. Ambos destacaron la “extraordinaria complejidad técnica del concurso” y confiaron en que la investigación judicial será archivada en breve.

Fernández matizó que la censura general de la juez instructora sobre el procedimiento se debe a que no lo “entiende” debido a que es muy complejo. A continuación, el alto cargo afirmó que todas las dudas surgidas se resolverán tras las declaraciones policiales de los técnicos. “Serán entendidos todos los aspectos sobre los que existe alguna duda y finalmente la denuncia será archivada”, subrayó el alto cargo de Economía.

Fernández avanzó que emprenderá acciones judiciales por si “se pone en duda su honor y reputación”. “Da la sensación de que puede existir un presunto favorecimiento a una de las empresas que concurrían”, afirmaron fuentes cercanas a Fernández respecto a su llamada anticipada por el responsable de la firma ganadora, según Emerita.

Mientras que Magtel se limitó a enviar un escueto comunicado en el que subraya que ha cumplido la ley, el abogado de Emerita, Ramón Valcárcel, enfatizó que la Junta ha puntuado sin criterio: “No basta con suspender el concurso, la mina habrá que abrirla. Afortunadamente, se está demostrando que decimos la verdad (…) El expediente íntegro me lo han negado reiteradamente, incluso por escrito”. Esta negativa coincide con la del parlamentario Ignacio García (IU), que tampoco pudo acceder a los proyectos técnicos “por razones de confidencialidad”, según esgrimió Economía en su día. A pesar de ambas denegaciones de entrega, la Consejería enfatiza su apuesta por “la transparencia”, y alega que ahora “no se dispone de los originales de los proyectos”, en posesión de la investigación policial.

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