Un alcoholímetro obligatorio para ebrios reincidentes

Más del 20% de los accidentes de tráfico que ocurren cada año en el territorio comunitario se encuentra directamente relacionado con el consumo de alcohol. La Comisión Europea, para reducir esta cifra a su mínima expresión, lanzó la pasada semana una nueva Directiva que, aunque no es obligatoria para los Estados miembros, los fuerza poco a poco a introducir alcoholímetros en los coches de los conductores que hayan sido identificados “varias veces” por ir ebrios al volante. Holanda, Finlandia y Suecia ya disponen de este sistema “desde hace dos años”, según fuentes del Ejecutivo comunitario, que sitúan a España a la cola del control de automovilistas borrachos reincidentes. Junto con Italia, los Bálticos y Eslovenia, España es uno de los países “menos sensibles” a la hora de adoptar esta medida. Y Bruselas quiere poner coto a la situación.

El alcoholímetro, que se conecta en el lugar del mechero del vehículo, bloquea el coche de manera que aquel que, al soplar, supere el límite de alcohol permitido por la ley de su país —en España asciende a 0,5 gramos por litro en sangre— no pueda conducir. La Fiscalía de Seguridad Vial ya intentó en 2008, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), introducir una iniciativa de estas características en España. Pero se renunció a ello tras comprobar las dificultades legislativas que implicaba: debía modificarse varias normas para fijar en qué situaciones se podía obligar a los automovilistas a instalar este tipo de dispositivos.

A tal nivel llegaron las intenciones del Ministerio Público, que se elaboró un estudio sobre la influencia que tendría en la siniestralidad la introducción de los alcoholímetros de bloqueo para los reincidentes. El informe, elaborado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (Fitsa) y el Centro Zaragoza, concluyó en 2008 que su uso evitaría 115 muertes anuales —ese ejercicio perdieron la vida, solo en carreteras interurbanas, más de 2.100 personas—, más de 500 heridos graves y casi 3.000 leves. "Esto, al final, se acabará imponiendo", reconocen ahora fuentes de la DGT, que estudiarán en los próximos meses cómo aplicar esta nueva iniciativa de la Unión Europea. Un 26,22% de los conductores fallecidos en España en 2014 habían consumido alcohol, según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología.

La Comisión no puede obligar a los Estados miembros a implantar la Directiva, en funcionamiento a partir del 15 de mayo de 2015, pero sí forzar su cumplimiento de manera indirecta. Es lo que se ha denominado "Código 69", un término que se registrará en el historial vial de cada conductor reincidente por ebriedad. Una especie de mancha negra que, a partir de mediados de este mes, se reconocerá en todo el territorio de la UE. En definitiva, una armonización de leyes. Y que, según explica Tráfico, los Estados deberán implementar antes del 1 de enero de 2017. “Por ello, a partir del 15 de mayo nos pondremos a estudiarlo”, apostillan fuentes de la DGT.

Pero no todos los Gobiernos muestran la misma disposición a hacerlo. España, Italia, Eslovenia y los tres países Bálticos no contemplan a corto plazo hacer un cambio en sus políticas de transporte. Una posición que Bruselas, según fuentes de la Comisión, no ve con buenos ojos. El Ejecutivo europeo, sin embargo, al haber introducido esta recomendación obliga a los Estados a tomar medidas poco a poco. Y fuentes de la UE justifican este recurso, ya que se trata de una manera de “atajar” la ley nacional con el propósito de disminuir los accidentes por carretera para 2017.

Frente a los reticentes a introducir este proyecto, se sitúan los adelantados. Holanda, Suecia y Finlandia fueron los primeros en implantar el sistema de bloqueo del coche por alcoholímetro hace ya un par de años. Francia, Bélgica y Dinamarca están “dando pasos en la buena dirección”, según la Comisión, hacia políticas de este tipo. Por ejemplo, en Francia, todos los autobuses escolares están dotados de esta tecnología y, a partir de principios de septiembre de 2015, extenderá la obligación de llevarlo a todo tipo de autocares.

Irlanda, Alemania y Austria se encuentran a medio camino y, según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, habrá cambios en su legislación durante los próximos meses. Todo, para implantar una iniciativa que conlleva un coste. El estudio elaborado en España en 2008 cifraba en 26 millones el presupuesto para ponerla en marcha en el país. Lo elevaba a 44 millones si se incluyen medidas adiciones —como cursos de reeducación vial y revisiones médicas—. Bruselas, por su parte, insiste en su carácter económico.