Catalá retoma una idea de Gallardón para combatir los “juicios paralelos”

La idea lanzada hoy para el debate por Rafael Catalá, ministro de Justicia, de multar a medios de comunicación que revelen sumarios judiciales (secretos por definición) no es nueva, y menos en este Gobierno. Su antecesor en el cargo, el dimitido Alberto Ruiz Gallardón, ya llegó a plantearse una medida similar en febrero de 2013, en el inicio de la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. El equipo de Gallardón planteó la posibilidad de que los tribunales pudieran actuar contra las filtraciones de secretos sumariales, con el objetivo de evitar las "fantasías especulativas" y "los juicios paralelos". Pero la propuesta nunca vio la luz y se quedó varada en uno de los primeros borradores de la reforma, sin que llegase a ninguna parte.

La medida divulgada entonces, y no puesta en práctica, llegaba hasta el punto de plantear que si un medio de información difundía datos que vulnerasen el secreto de sumario, o los deberes de “sigilo y reserva”, los jueces podrían acordar el “cese de la difusión” (artículo 132), lo que habitualmente se denomina "secuestro de una publicación". Quienes incumplieran estas órdenes incurrirían en responsabilidades penales.

Justicia explicaba que en cada caso se tendría en cuenta si lo publicado comprometía “gravemente” el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados. Para evitar las filtraciones, el fiscal podría requerir a los encausados, los testigos o los peritos para que no revelasen las informaciones. La reforma de entonces se enmarcaba en el intento de reducir los plazos del secreto del sumario y evitar la prolongación excesiva de los casos.

En una entrevista realizada por EL PAÍS en abril de 2013, Gallardón insistía en lo mismo aunque se mostraba en contra de las sanciones, pero sin llegar a descartarlas: "Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicación pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicación insiste en seguir publicando información pueda tener sanción. No soy partidario de establecer consecuencias por esa vía".

Meses después, en mayo de 2013, Gallardón insistía en que la comisión de expertos independientes creada para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal preveía dar al juez la facultad para requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

Entonces, Gallardón subrayó que “el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”, y resaltó que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales. Por ejemplo, consideró "preocupante" que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pudiera verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio. Por ello abogó contra "los juicios paralelos" y consideró necesario adoptar algún tipo de medida legislativa para resolver el conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva.