El interventor de los ERE dice que avisó a la Junta de irregularidades

El que fuera interventor de la Junta de Andalucía durante la década en la que presuntamente se cometió el fraude de los ERE, Manuel Gómez, rechazó este jueves en el Tribunal Supremo que su actuación favoreciera las irregularidades. En su declaración, que se prolongó durante tres horas y media, el exinterventor puso tanto empeño en defender su papel como en cuestionar el que ejercieron los más altos responsables del Gobierno andaluz, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza.

Gómez, que está imputado en la causa que instruye en Sevilla Mercedes Alaya, admitió ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, haberse sentido “agredido y acusado” por los cinco ex altos cargos andaluces que han declarado en el alto tribunal en las últimas semanas: los expresidentes Griñán y Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Gómez sostiene que estos le endosaron parte de la responsabilidad en el caso por no haber detectado el fraude y este martes intentó convencer al instructor y al fiscal del Supremo de que no tenía capacidad para detectarlo y de que hizo todo lo que pudo: emitir una quincena de informes en los que alertaba de que en el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a las empresas había “deficiencias o irregularidades”.

Chaves y Griñán argumentaron hace unos días en el Supremo que aquellos informes del interventor nunca llegaron a sus manos porque no eran informes de actuación, una fórmula de máxima alerta que, según los expresidentes, sí habría hecho saltar las alarmas y les habría obligado a actuar. El interventor admitió que no emitió un informe de actuación porque nunca detectó que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos. Lo que había, dijo, era un “déficit”. Pero, en su opinión, la explicación de los expresidentes es solo “una excusa”, especialmente en el caso de Grinán, que ocupó el cargo de consejero de Hacienda entre 2004 y 2009. “Si se le está advirtiendo que hay un déficit importante no tiene por qué esperar a ningún otro informe para actuar”, señaló Gómez.

Pero, además, Gómez sostuvo que él comentó “en varias ocasiones” con la viceconsejera (Carmen Martínez Aguayo) que las transferencias de financiación se estaban “utilizando de forma imprudente”. Preguntado por el contenido concreto y el lugar de esos encuentros, el antiguo interventor alegó que no los recordaba.

Gómez sostiene que sus discrepancias con el sistema se basaban tanto en la existencia de déficit como en el uso de las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario mediante el que la Junta otorgaba las ayudas a través de la agencia Idea. Como ya hizo en su declaración ante Alaya, ante el Parlamento andaluz y en intervenciones públicas posteriores, dijo que las transferencias de financiación eran “legales” y que se emplean habitualmente en las Administraciones. Pero se mostró convencido de que, en este caso, el Gobierno andaluz las puso en marcha para “eludir el control de la Intervención”, aunque no explicó por qué ha llegado a esa conclusión, que coincide con la tesis que defiende Alaya y que le ha llevado a pedir la imputación de los máximos responsables de la Junta.

“El Ejecutivo hizo oídos sordos y miró para otro lado durante 10 años”

Gómez se permitió incluso advertir al instructor de por dónde tendría que dirigir su investigación y sus posibles acusaciones. En su opinión, el problema no fue tanto un fallo en los mecanismos de control, sino “la desatención”. “El Gobierno tenía que haberlo hecho desde el primer momento que le advirtieron. La responsabilidad está en el destinatario del informe” dijo, en alusión, sobre todo, a los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación. Y para desmontar la defensa de los expresidentes ofreció a Barreiro un dato que él considera “revelador”: su informe de 2003 contenía otro sobre un “el agujero” de 43 millones causado por la compra de ordenadores a las familias y, mientras ese agujero “se cortó de cuajo”, no se actuó sobre el que se estaba produciendo en el fondo de los ERE, a pesar de que iba en el mismo documento.

En este mismo argumento insistió el exinterventor a la salida del tribunal, donde se detuvo unos minutos ante los periodistas que le esperaban a las puertas del Supremo. Gómez señaló que él advirtió de “deficiencias” en el sistema de concesión de ayudas “suficientemente graves” para que el Gobierno hubiera tomado medidas. “Pero durante 10 años el Gobierno hizo oídos sordos y miró para otro lado”, afirmó.

La comparecencia de Gómez Martínez se produce tras finalizar el instructor de la causa el interrogatorio de los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que afirmaron no haber tenido conocimiento de ningún informe de la Intervención que les advirtiera de irregularidad alguna en el sistema de concesión de ayudas. Para este jueves el instructor ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Gómez ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, pero el alto tribunal le ha llamado también como imputado para que compareciera asistido de un abogado. La petición para su interrogatorio fue realizada por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y también fue solicitada por él mismo y por la acusación popular que ejerce Manos Limpias.