IU reclama 15 años de cárcel para Acebes por la caja b del PP

Izquierda Unida, partido que lidera una de las acusaciones populares del caso Bárcenas, sobre la caja b del Partido Popular, ha reclamado este martes una pena de 15 años de prisión para el ex secretario general del partido Ángel Acebes. La coalición de izquierdas acusa a Acebes de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, delito contra la Hacienda Pública, falsedad de fondos electorales y falsedad en documento mercantil.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— el juez instructor Pablo Ruz levantó la imputación que pesaba sobre Acebes y sobre los empresarios que aportaron fondos a la caja b de Génova 13. Sin embargo, algunas acusaciones han recurrido este archivo, y como la decisión está pendiente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, IU ha optado por presentar su escrito de acusación como si la imputación siguiera vigente.

En su escrito, Izquierda Unida solicita que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, acuda como testigo al juicio oral. Los abogados pretenden que Rajoy, como máximo responsable del partido, “aclare algunas de las declaraciones prestadas tanto por los acusados como por los testigos” en la fase de instrucción. También quieren que acudan como testigos la actual secretaria general Dolores de Cospedal, y sus antecesores Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas y el presidente del Senado, Pío García Escudero.

Los letrados de la acusación piden 19 años y siete meses de cárcel para Luis Bárcenas y dos años más para su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta. IU, que va acompañada en la acusación por la Asociación Libre de Abogados, Los Verdes y Ecologistas en Acción, reclama también que el PP sea nombrado responsable civil subsidiario de las cantidades entregadas por los empresarios por un total de 6,68 millones de euros.

IU adjunta en su escrito acusatorio un informe del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, Fernando Pérez Royo, que califica como “contraria a todos los criterios de interpretación” la conclusión de la Agencia Tributaria de que los donativos ilegales están exentos de pagar Impuesto de Sociedades.